La Xunta aspira a aprobar en 2027 la primera ley de salud pública de Galicia

El Gobierno gallego inició la tramitación del anteproyecto para configurar al primera ley de salud pública de Galicia, un documento que aspira a aprobar en el Consello y remitir al Parlamento a principios de 2027. El objetivo es “mejorar la respuesta ante los riesgos sanitarios ya existentes y los emergentes, establecer protocolos de actuación y reducir la incidencia de enfermedades”. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su ejecutivo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que la ley gallega de salud, que tiene más de 20 años, regula todas las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de la administración sobre la salud.

Así las cosas, indicó que el Gobierno gallego estima que es necesario hacer una ley específica sobre salud pública, especialmente después de los episodios relacionados con la pandemia del covid o lo que se “está viendo estos días” con el hantavirus. “Todo esto acredita la necesidad de fijarse especialmente en lo que se refiere a la salud publica”, dijo.

En la comparecencia en la que participó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que este texto normativo busca mejorar la respuesta ante los riesgos sanitarios ya existentes y, sobre todo, ante nuevos riesgos que puedan surgir. Además, establecerá protocolos de actuación para reducir la incidencia de estas enfermedades y, en general, garantizar una mayor salud pública de todas la población.

Emprego

Asimismo, el Consello aprobó la prórroga del convenio entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal para facilitar la movilidad laboral transfronteriza entre Galicia y el norte del país vecino. En concreto, el objetivo es seguir impulsando la actividad de coordinación del servicio de empleo Eures Transfronterizo de ambas regiones.

Este servicio contribuye a conocer las tendencias del mercado laboral de ambas zonas y, por tanto, identificar las necesidades y oportunidades de empleo para facilitarles el acceso a los demandantes de trabajo. La prórroga de este convenio estará en vigor hasta el 30 de junio de 2028 y contará con un importe total de casi 230.000 euros, dentro del proyecto Eures 26-28.

El presidente reafirma que en este semestre se presentará el plan para un pacto sobre el idioma gallego

En 2025 y 2026, el Gobierno gallego ha promovido dentro de esta colaboración acciones como el envío de ofertas de empleo del norte de Portugal a las personas inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia y a la organización del Encuentro anual de oficinas de empleo de ambas zonas.

Según cifras del último informe Eures, con datos de 2024, había en ese año unas 8.900 personas de nacionalidad portuguesa afiliadas en la Seguridad Social en Galicia y más de 4.100 españoles cotizantes en los distritos del norte de Portugal (Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo y Vila Real).

Pacto lingüístico

Por otra parte, el presidente reafirmó que el gobierno gallego dará traslado en este primer semestre de 2026 de su propuesta de pacto por la lengua vernácula. Indicó que la Xunta trabajó durante estos últimos meses con multitud de reuniones, debates y contactos en este asunto para lograr una propuesta “de la sociedad gallega” pensando “en el futuro” del gallego.

Y es que el máximo mandatario autonómico considera que en este asunto se deben abandonar las “posiciones políticas”, “frentistas y de rédito”, así como el creer que “algunos tienen la verdad y otros no tienen nada”. Si es así, en su opinión, se logrará un “consenso básico”, pero lamentó que algún partido (en referencia al BNG) y alguna organización ya se “echaron fuera desde el principio”. Un hecho que, en su opinión, “no hace ser muy optimista”.

Rueda insistió en que el pacto por el gallego, como la propia palabra indica, es un “acuerdo” y subrayó que “un acuerdo supone ponerse en la postura de los otros e intentar que el resultado final concite la mayor parte de las voluntades”.

En este punto, y preguntado por la petición del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de reclamar un pacto nacional sobre el gallego tras acusar al PPdeG de ponerlo en “peligro de muerte”, Rueda aseguró esperar que la postura del PSdeG no sea la de un BNG que rechaza desde el principio la posibilidad de acuerdo al oponerse a todo “por sistema”.

“Espero que en esto tengan responsabilidad y se sumen al consenso que es lo que está buscando la Xunta”, dijo para trasladar que se podrá ver “si esa voluntad que expresan es real o simplemente un discurso político”.

Comunicación cuántica

Además, Rueda indicó que se dio el visto bueno “a ampliar hasta Portugal la línea cuántica terrestre entre Santiago y Vigo”, lo que permitirá situar esta infraestructura “como red clave para reforzar la ciberseguridad en la Unión Europea”.

Explicó que se trata de un nuevo hito de la I+G+i, la investigación y la innovación hechas en Galicia, y será fundamental para reforzar las comunicaciones ultra-seguras en toda Europa.

En esta línea, recordó que Galicia apuesta por un ámbito “con mucho futuro” y viene de alcanzar diferentes hitos que la sitúan como referente. Entre ellos, resaltó que fue la primera comunidad en contar con un ordenador cuántico en España ya en 2023, la futura creación de dos laboratorios en esta materia junto a las universidades de Vigo y Santiago o el valle especializado que liderará la comunidad y en el que participarán nueve países europeos.

Tras la puesta en funcionamiento de la línea de comunicación cuántica por tierra más larga de España, y también una de las mayores del continente europeo, entre Santiago de Compostela y Vigo, Galicia ampliará esta arteria hasta Portugal, e lo que supone un avance en la construcción de la red europea Euroqci. Esta ampliación es posible gracias a uno de los proyectos en los que Galicia y el Norte de Portugal trabajan conjuntamente para mejorar en el ámbito de la I+D+i.

También en el Consello se aprobó habilitar unos 11,7 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en Galicia hasta 2030, a través de una treintena de actuaciones a las que se destinarán más de 440 millones de euros.

Según subraya el ejecutivo, el objetivo es disponer de una oferta de suelo “más competitiva, equilibrada y adaptada a las necesidades del tejido productivo, así como favorecer la captación de nuevas inversiones”.

“El nuevo modelo prioriza la ocupación efectiva de las parcelas y la creación de actividad económica real, de manera que el suelo empresarial se integra con la planificación energética, logística e industrial”, apostilla el gobierno autonómico.