Solo el 2 % de las especies amenazadas en Galicia tiene los planes de recuperación o conservación que la legislación pide para todas aquellas incluidas en su catálogo, que este domingo cumple 19 años como un documento desfasado que apenas se ha actualizado en dos décadas.
El catálogo gallego contiene 201 especies amenazadas, 77 de ellas en peligro de extinción, con "supervivencia poco probable" si no se actúa y que precisan de un plan de recuperación, y 124 vulnerables, en riesgo inminente de escalar a la otra categoría y sujetas a un plan de conservación.
No obstante, solo cuatro de ellas cuentan con algún plan de protección. Son el escribano palustre, el chorlitejo patinegro, el galápago europeo y el oso pardo, si bien este último data de 1992 y lleva más de una década pendiente de revisión.
Sin los planes, el catálogo es "papel mojado" para las organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza.
"Al ritmo actual se necesitarían 500 años para los planes de recuperación de las más amenazadas y harían falta 2.000 años para tener el de las especies vulnerables", asegura el presidente de la Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN), Serafín González.
González refiere que, en 2008, la Xunta encargó informes técnicos para una veintena de especies pero quedaron "en un cajón", y en 2017 Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente del Ejecutivo gallego, anunció que para 2020 habría 45 nuevos planes de protección aprobados, de los que hoy sigue sin saberse nada.
Dos de los planes sí aprobados corresponden a aves, pero tienen resultados muy diferentes: mientras que Galicia es una de las dos comunidades (junto a Baleares) con una tendencia positiva para el chorlitejo patinegro, la población del escribano palustre cayó un 60 % desde 2007, según la Sociedade Galega de Ornitoloxía.
"La administración no ha hecho ninguna acción decidida de cara a la conservación ni a la gestión de sus hábitats", asevera su presidente, Óscar Rivas, que denuncia que "se está certificando la extinción de muchas especies".
12 años sin actualizaciones
Además, el catálogo solo se ha actualizado en dos ocasiones desde que se aprobó en 2007, una en 2011 para añadir siete especies y otra en 2014 para sumar una.
Conservacionistas y ecologistas aseguran que en estas casi dos décadas el estado de conservación de muchas de las especies ha cambiado y algunas están cerca de desaparecer, como el arao, del que no hay datos de cría desde hace más de una década, o el sisón, extinto como reproductor desde 2022.
También han pedido nuevas inclusiones. Esta misma semana, cinco organizaciones entregaron más de 2.500 firmas para solicitar a la Xunta que incluya al salmón atlántico en el catálogo y en el pasado se hicieron peticiones similares sobre especies como la camariña o la gaviota patiamarilla, pero desoídas.
El caso de la gaviota es paradójico porque era muy abundante hace décadas, "considerándose incluso una plaga", recuerda Rivas, que afirma que hoy su población ha disminuido, un 90 % en el Parque Nacional Illas Atlánticas.
La Xunta asegura que trabaja en ello
La Consellería de Medio Ambiente ha asegurado que tiene previsto elaborar más planes y actualizar el catálogo, pero se mantiene a la espera de contar con información actualizada por parte del Ministerio para la Transición Ecológica sobre algunas especies, principalmente la de los informes sexenales que debería haber remitido a Bruselas en julio de 2025.
Además, la Administración autonómica defiende que la conservación no se hace apenas a través de los planes de protección y hay otras medidas en marcha que contribuyen a ello, como las estrategias de eliminación de factores de amenaza comunes a distintas especies o los instrumentos de planificación y gestión de espacios naturales protegidos.
Este trabajo no convence a los conservacionistas, que acusan de "inacción" a la Xunta para proteger a las especies amenazadas y dar prioridad a otras cuestiones en su agenda.
El presidente de la Sociedade de Historia Natural va más allá y cree que es una estrategia para "favorecer el desarrollo de proyectos agresivos contra el medioambiente, porque se reducen las posibilidades de alegar en contra por motivos ambientales"
