Xunta y patronal crean una comisión de trabajo para analizar jurídicamente la reforma del Reglamento de Costas

La Xunta y la comisión Mar-Industria de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) acordaron la creación de una comisión de trabajo para analizar jurídicamente el anteproyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas.

 Así lo anunció la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, tras reunirse con la comisión, donde también intervino el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites. Vázquez afirmó que el panorama “es desalentador” y que el texto del real decreto “es todavía peor” que la previsión anterior. 

“Lo que viene a decir es que van a reducir las concesiones, que no se van a dar más concesiones en la costa; es decir, que se va a expulsar de la costa toda la actividad económica, incluido el sector primario”, criticó.

 El documento, que el Miteco sacó este pasado lunes a exposición pública para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones antes del 1 de abril, “nada tiene que ver” con lo que pidió la Comisión Europea.

 En este contexto, Vázquez afirmó que “lo que pretende” el Gobierno central es que “ni Galicia ni el resto de comunidades puedan otorgar las concesiones”, y que la forma que tiene el Ejecutivo central de hacerlo es “modificando la ley por la puerta de atrás”.

 “Esto, para Galicia y el resto de comunidades, es terrible desde el punto de vista económico y social”, lamentó la conselleira, al tiempo que ha cargado contra el “concepto” que tiene España de “prohibir para no invertir”.

 Estos hechos, continuó, “rompen totalmente” el principio de lealtad institucional y de confianza que tenían las empresas a las que se les dio una concesión o una ampliación y a las que ahora “les dicen que se altera la regla del juego y que, si no están de acuerdo, serán expulsadas”.

 Por su parte, el presidente de la CEG remarcó la necesidad de “estar unidos” para, en la colaboración público-privada, “seguir defendiendo los intereses del complejo mar e industria”.

 Asimismo, defendió que la implantación de la actividad económica en el litoral debe ir siempre acompañada de “normativas adecuadas”, y no de aquellas que “quieran evitar concesiones y eliminar la actividad económica e industrial que cumple con la normativa”.

 La comisión remarcó que esta reforma genera incertidumbre jurídica, mayor riesgo regulatorio, riesgo para las inversiones, restricción de usos económicos y dificultades en actividades auxiliares.