La conselleira de Política Social de la Xunta, Fabiola García, ha enviado una carta al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la que le insta a intervenir para que el Gobierno central retire el recurso de inconstitucionalidad contra parte del plan gallego para agilizar los trámites de evaluación a la hora de atribuir un subsidio a las personas en situación de dependencia.
En la misiva, fechada este miércoles, García destaca que el recurso interpuesto por el Gobierno, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional la semana pasada, "obliga a paralizar" la medida que contempla homologación automática de la discapacidad a las personas dependientes, lo que acarreará "catastróficas consecuencias".
Por eso, la conselleira manifiesta su "profunda preocupación" y se dirige a Bustinduy para solicitarle que "intervenga en el Consejo de Ministros para que el presidente reconsidere la retirada de dicho recurso que tanto perjuicio está ocasionando y ocasionará a los gallegos y gallegas".
También le solicita una reunión "a la mayor brevedad posible para debatir sobre este asunto".
García argumenta que la homologación entre discapacidad y dependencia es una medida impulsada "tras constatar su evidente y directa correlación, una evidencia de la que, me consta, también es conocedor y que proyecta trasladar a la normativa estatal en un futuro, cuestión que celebro", dice en su carta al ministro ministro.
Según explica, esta medida forma parte un ambicioso plan de choque para agilizar la atención a la dependencia y la discapacidad que la Xunta puso en marcha en enero de 2025 y, en su primer año de aplicación, los resultados obtenidos han sido "especialmente esperanzadores".
Este plan "no es una improvisación, sino una solución eficaz ante el problema de los innecesarios y redundantes trámites", afirma la conselleira, que justifica que el programa "nació para atender a una justa demanda social y con una única misión: reducir la espera de los gallegos y gallegas a la hora de someterse a los procesos de valoración de la dependencia y la discapacidad".
El Gobierno recurrió contra algunas de las medidas de este plan y otras relativas a la repotenciación de parques eólicos y la minería, contenidas todas ellas en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025, por considerar que podrían vulnerar las competencias exclusivas del Estado en estas materias.
Tras la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional, se ha suspendido también la vigencia y aplicación de dichos apartados.
