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Galicia

La futura Ley de Economía Social amenaza el empleo de 2.000 personas con discapacidad en Galicia

La entidad alerta de que la modificación de la Ley supondría la exclusión de más de la mitad de los centros especiales de empleo (CEE) de Galicia
El Ideal Gallego 
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ASPAIS advierte de que la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social excluye a más de la mitad de los centros especiales de empleo en Galicia y pone en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad.

La Asociación de Centros Especiales de Empleo de Galicia (ASPAIS) ha manifestado su profunda preocupación ante la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social, cuyo proyecto ha sido aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados y será ahora remitido al Senado para su tramitación. La entidad alerta de que la modificación de la Ley 5/2011 de Economía Social supondría la exclusión de más de la mitad de los centros especiales de empleo (CEE) de Galicia del ámbito de la Economía Social, poniendo en riesgo el empleo de más de 2.000 personas con discapacidad.

En concreto, la nueva redacción del artículo 5 de la ley limita el reconocimiento como entidades de Economía Social únicamente a los centros especiales de empleo de iniciativa social, dejando fuera a los centros de iniciativa empresarial, que representan el 50 % del sector en Galicia. Actualmente, estos centros emplean a 2.267 personas trabajadoras con discapacidad en la comunidad autónoma.

El presidente de ASPAIS, José Ramón Dourado Lema, advierte de que esta exclusión “supone un riesgo real para miles de personas trabajadoras con discapacidad”, y subraya que la prioridad de cualquier cambio normativo debe ser la protección del empleo y la igualdad de oportunidades, evitando cualquier discriminación basada en la titularidad de los centros.

Dourado recuerda que solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo y advierte de que cualquier medida que reduzca la capacidad del sector va en contra del interés general y de los principios de inclusión que deberían guiar las políticas públicas.

El impacto de la nueva normativa en Galicia afectaría directamente a 69 centros especiales de empleo y a 2.267 personas trabajadoras con discapacidad. Según el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Xunta de Galicia, existen actualmente 138 centros cualificados, de los cuales los de iniciativa empresarial suponen la mitad del total, siendo además los que presentan mayor crecimiento y una mayor vinculación con el territorio.

ASPAIS denuncia que el nuevo marco legislativo no contempla alternativas para esta parte del tejido empresarial, que da empleo a más de 2.000 personas con discapacidad, lo que podría comprometer gravemente su viabilidad.

ASPAIS pide diálogo y una revisión del cambio normativo

Ante esta situación, ASPAIS solicita al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia la apertura de un proceso de diálogo con el sector para evitar un daño que considera irreversible, así como un impacto social innecesario y profundamente injusto. La entidad defiende que la inclusión laboral debe situarse por encima de cualquier etiqueta jurídica y reafirma su compromiso con la defensa de cada puesto de trabajo protegido en Galicia.

Asimismo, ASPAIS considera imprescindible abrir una negociación del convenio colectivo si la nueva ley establece diferencias entre los modelos de centros especiales de empleo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales equilibradas y sostenibles para todas las personas trabajadoras.

La asociación también denuncia el desequilibrio salarial existente entre centros con y sin ánimo de lucro, que discrimina a las personas con discapacidad en función del centro en el que trabajan. En Galicia, los centros de iniciativa empresarial aplican convenios sectoriales y ofrecen salarios más elevados, por lo que su desaparición limitaría las oportunidades laborales y económicas de las personas con discapacidad.

Por último, Dourado subraya que corregir este desequilibrio es clave para proteger el empleo de las personas con discapacidad y garantizar la continuidad de un modelo que ha demostrado ser eficaz y generador de oportunidades reales de inclusión laboral.

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