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El problema es Iglesias

Fermín Bocos |

Fermín Bocos | 17 de octubre de 2020

Vivimos tiempos en los que hay que recordar hasta lo que debería ser evidente: sin separación de poderes, no hay democracia. Conviene recordarlo ante el atropello que apareja la proposición de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Según algunos expertos el proyecto técnicamente es un desastre, incluso desde el punto de vista sintáctico. Lleva la impronta de Podemos, partido cuyo líder Iglesias no oculta su aspiración a controlar a los jueces, a los fiscales y a RTVE. Así lo advertía hace un par de años el mismo Sánche.
Pese a determinadas sentencias que han sido muy polémicas, en España, los jueces cumplen con los estándares propios de los países democráticos más avanzados. No tenemos una justicia politizada que es el rechazable escenario al que nos conduciría  el proyecto que impulsan. Es tan evidente el aire bolivariano que desprende la cosa que ha concitado el rechazo de todas las asociaciones de jueces con excepción de la minoritaria Jueces para la Democracia que solo ha mostrado discrepancias de carácter “técnico”. Al repudio de jueces y fiscales se han unido los partidos de la oposición y también alguno de la coalición que apoyo la moción de censura que tumbo a Rajoy e instaló a Pedro Sánchez en La Moncloa.
Estos últimos temen que sí cambian las reglas para nombrar a los miembros del CGPJ dejándolo en manos de los políticos , en un futuro en el que el signo del Gobierno de España vuelva a ser conservador, podrían aprovecharse de esta norma para instalar un rodillo político. Son conscientes de que la inercia de la política española tiende a que los conflictos de naturaleza política acaben siempre en los tribunales.
La alarma que ha desatado el asunto está sonando en Bruselas. A Sánchez le están recordando que la calidad del sistema democrático se mide por los contrapesos entre poderes y en esa ecuación la independencia del poder judicial es determinante. Sánchez se defiende señalando al PP al que acusa de bloquear la renovación del CGPJ y del Constitucional. Casado no se niega a negociar pero quiere hacerlo con el PSOE, no con Podemos. Ahí es dónde estamos. A finales del verano el PSOE y el PP tenían prácticamente cerrado un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional. Deberían retomar aquella negociación y cerrarla para seguir negociando las otras renovaciones. Previa retirada de la proposición de ley que cambia la fórmula de nombramiento de los vocales del CGPJ para convertir el poder judicial en subordinado del Gobierno .  
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