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El derecho de los ciudadanos a saber

Francisco Muro De Íscar |

Francisco Muro De Íscar | 16 de julio de 2020

El Congreso de los Diputados ha abortado el intento de Podemos de crear una comisión de investigación sobre las actividades del Rey Juan Carlos. Miguel Herrero de Miñón, uno de los dos padres de la Constitución que siguen vivos y por tanto voz autorizada, ha declarado que “la inviolabilidad cubre toda la actividad del Monarca, pública y privada, y se extiende incluso cuando cesa en su ejercicio. Así lo demuestra el derecho comparado”, al margen de lo que dice la Constitución. Sin entrar en las cercanas, difíciles y duras decisiones del Rey Felipe y de las que puede tomar en breve y de lo que juzguen los tribunales, lo que algunos quieren, también desde el propio Gobierno, es aprovechar los graves errores del Rey emérito para cuestionar la Monarquía.

De la misma manera, Iglesias, el vicepresidente y socio en decadencia de Sánchez, pillado haciendo trampas por el juez García Castellón, ha pedido otra comisión parlamentaria que investigue el comportamiento de periodistas que han denunciado hechos y comportamientos también poco edificantes de quien se autoproclamó apóstol de la regeneración.

Soy partidario de las comisiones de investigación siempre que no haya mayorías preconcebidas, que las presida alguien independiente, a ser posible ajeno a cualquier partido político -lo que es imposible en el Parlamento-, o que, al menos, no sea del partido que gobierna. Como eso no puede ser, creo más en las investigaciones que realice un juez y en lo que decida un tribunal. No siempre aciertan, pero aciertan más que los otros. Pero si hay que crear comisiones de investigación sobre el Rey emérito, al que, al margen de sus errores, muy graves, debemos en buena medida la democracia que tenemos, sobre los medios de comunicación o sobre el GAL, otra petición de Iglesias, sugiero crearlas también sobre otros asuntos:  La gestión del coronavirus, la cifra real de muertos, la información real que tenía el Gobierno antes del 14 de marzo y las responsabilidades políticas y penales de Pablo Iglesias cuando asumió el mando único de las residencias de mayores.

La violación de las obligaciones de transparencia por el Gobierno durante la crisis, al ocultar datos, informaciones y contratos y reducir las ruedas de prensa a un simulacro de filtraciones y censuras arbitrarias. Sobre si Pablo Iglesias mintió al juez, ocultó durante seis meses la tarjeta del móvil de su asesora y engañó a los ciudadanos en el “caso Dina”.

La semilibertad concedida a los condenados por el 1-O y, dado, que todos los españoles somos iguales ante la ley, el derecho de todos los reclusos en las mismas condiciones a alcanzar la misma prerrogativa. Investigar por qué el ex presidente de la Generalitat y su familia, tienen también un trato privilegiado pese a los hechos conocidos. Por qué una televisión pública, como TV3 y Catalunya Radio, prácticamente reducen al silencio a todos los que no son independentistas y nadie toma medidas para garantizar la independencia y pluralidad de los medios públicos.

Se pueden crear muchas comisiones más. Casi sin límite. Casi nunca sirven para saber la verdad, pero los ciudadanos tienen derecho a que no les engañen. Derecho a saber.

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