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El centro nocturno para sintecho anunciado en el año 2017 sigue inmerso en trámites previos

David García | 10 de Enero de 2019

Los arcones de Orillamar acogen el centro que está en funcionamiento | pedro puig
Los arcones de Orillamar acogen el centro que está en funcionamiento | pedro puig

La intención del Ayuntamiento es abrir un segundo local que se financiaría con fondos Eidus

La creación de un segundo centro de baja exigencia para personas sintecho todavía carece de fecha y sigue inmerso en trámites previos más de un año después de su anuncio por parte del Ayuntamiento. La intención del Gobierno municipal de poner en marcha otro de estos espacios se conoció en octubre de 2017 cuando se explicó el reparto de los 15 millones de euros obtenidos a través de la financiación comunitaria Eidus.

Más de un año después, esta actuación todavía afronta trámites previos. La concejala de Justicia Social, Silvia Cameán, explicó ayer que ahora mismo están trabajando en la declaración de interés de este centro y que esperan llevarla a pleno para su aprobación “o máis áxil posible”. Esa fue la única información que ofreció la concejala, quien no quiso especificar ni la ubicación del centro ni la fecha en la que se podría poner en marcha.

Este nuevo espacio se uniría al que funciona desde principios de este año en Orillamar y que en un primer momento generó división entre los vecinos del barrio. Posteriormente, esta herramienta se puso en marcha sin que el Ayuntamiento lo hiciese público y no se han registrado protestas de los habitantes de esta zona de la ciudad.

Un centro de baja exigencia es un espacio en el que personas sintecho pueden pasar la noche y donde se ofrecen servicios como dormir en sillones, tomar café y asearse. Sin embargo, solo lo pueden usar en horario nocturno, mientras que durante el día no pueden permanecer en las instalaciones. El centro de baja exigencia Abeiro, que es como se conoce al de Orillamar, tiene capacidad para 15 personas.

Este espacio es gestionado por una empresa privada a través de un contrato de 257.000 euros por ejercicio, una circunstancia muy criticada por el PSOE, que entiende que un recurso de esta naturaleza debe estar dirigido por parte de los servicios sociales municipales.

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