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viernes | 19 abril | 2024
El Vaticano esquivó ayer en la ONU ofrecer información detallada sobre aspectos relacionados con los casos de abuso sexual de menores por parte de miembros del clero, en un ejercicio retórico mediante el cual intentó demostrar su determinación de prevenir nuevos delitos.
“Todo este problema de abusos contra menores es una herida que daña a la Iglesia y a la comunidad de la fe”, reconoció monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra, en la primera comparecencia internacional de altos miembros de la jerarquía católica sobre casos de pederastia.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño examinó ayer el segundo informe periódico que presenta la Santa Sede sobre el cumplimiento de la convención internacional que protege los derechos de los menores y que ratificó en 1990.
La sesión estuvo centrada en preguntas y sobre las sanciones contra los responsables de pederastia y quienes ocultaron casos de este tipo, y las medidas para proteger de manera eficaz a los niños bajo custodia o influencia de religiosos.
Asimismo se pidieron aclaraciones sobre las reparaciones materiales, psicológicas y morales previstas para las víctimas, y sobre las cuales no hubo respuestas claras.
Varios miembros del comité –compuesto por 18 expertos en derechos humanos– pidieron cifras concretas sobre los casos de los que ha tenido conocimiento el Vaticano –y cómo los trataron–, así como del número de sacerdotes juzgados por abusar de menores o por ocultar tal delito.
En más de cinco horas de sesión, la única referencia a cifras la hizo Tomasi, quien señaló que para 2012 se habían documentado 612 casos de abuso sexual que involucraban a personal del clero, de los que “465 eran más serios” y “418 fueron abusos de menores”.
Sin embargo, organizaciones civiles que representan a las víctimas afirman que solo en Estados Unidos se registraron desde la década de los sesenta más de 100.000 casos, sin contar que en países como Irlanda “este tipo de violencia era sistemática”, comentó la jurista Pam Spees, del Centro sobre Derechos Constitucionales de EEUU. Según las investigaciones y datos recopilados por esta entidad, “sería posible que se tratase de cientos de miles de víctimas”.
