El Supremo rebaja la pensión alimenticia de un padre a su hijo al demostrar problemas económicos

El Tribunal Supremo acordó rebajar la pensión alimenticia mensual que un padre divorciado pasa a su hijo menor de edad y lo hizo basándose en su situación económica y en que el hombre ha tenido dos hijos más frutos de una relación posterior.
El Alto Tribunal acepta el recurso del casación de este hombre después de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara los términos acordados en primera instancia en los que además se suspendían el régimen de visitas de este padre a su hijo, que en la actualidad cuenta con 13 años de edad. La sentencia, de la que es ponente el magistrado José Antonio Seijas, modifica la pensión alimenticia y la reduce de los 330 euros impuestos por el juzgado de primera instancia a 180 euros mensuales.
Lo justifica amparándose en que el recurrente ha sido a su vez padre de otros dos hijos, el último nacido en 2015, y que el negocio de su actual esposa arroja pérdidas. 
Todos ellos son datos, reza la resolución, que permiten concretar una nueva prestación de 180 euros al mes.
El Alto Tribunal reproduce dos sentencias de septiembre y noviembre del pasado año según las cuales el nacimiento de nuevos hijos fruto de una relación posterior no supone, por sí solo, causa suficiente para modificar la pensión alimenticia de hijos a su cargo, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos son insuficientes para hacer frente a la obligación.  
Por otro lado, la plataforma feminista 7N denunció el pasado mes de febrero el uso de la guardia y custodia compartida impuesta como forma de violencia de género, ya que está siendo utilizada como “moneda de cambio” por los hombres para obtener otros beneficios, en su mayor parte económicos, sin tener en cuenta a los menores y solo “para hacer daño a las mujeres”. 
En la celebración de las jornadas sobre violencia machista, celebrada en el Congreso y organizada por la propia plataforma, la experta Consuelo Abril señaló que, actualmente, esta opción de custodia compartida se impone a una de cada cuatro rupturas, sin contar aquellas en las que se solicita por acuerdo mutuo. “Cuando la custodia compartida no está consensuada, es decir, que es impuesta por un juez, es perjudicial para los hijos y supone una verdadera violencia contra las mujeres”, advirtió Abril. n