11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
Las quejas procedentes de Galicia al Defensor del Pueblo aumentaron en un 20,4% en 2017, al pasar de 622 en 2016 a 749 el ejercicio pasado en la Comunidad gallega.
Según el informe anual de la institución, entregado ayer en el Congreso y el Senado, del total de quejas de Galicia, 337 corresponden a la provincia de A Coruña; 280, a la de Pontevedra; 66, a Ourense y otras 66, a Lugo.
El informe refleja, además, que de Galicia al Defensor del Pueblo procedieron tres solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional de las 40 contabilizadas en 2017 en toda España, una más que en 2016 en la Comunidad gallega, de las cuales dos corresponden a la provincia de Pontevedra y una, a la de A Coruña. Las quejas de los ciudadanos gallegos representan el 3,04% de las 24.608 contabilizadas en España en 2017, mientras que las 622 en 2016 supusieron el 3,85% de las 16.151 contabilizadas. En total en España, las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.
Según el informe anual de la institución, entregado ayer por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016). ”La crisis cavó un pozo de desigualdades sin precedentes en España”, sentenció Fernández Marugán, quien explicó que los españoles transmitieron al Defensor su “insatisfacción en los años duros de la crisis, pero también en la recuperación”.
Así, el Defensor del Pueblo tramitó en 2017 25.776 expedientes (un 48,17% más), correspondientes a las quejas, junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
Los asuntos relacionados con Educación, Sanidad y Políticas Sociales “han consolidado” el número de quejas. Además, dirigió a las administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y 2 advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.
“En España hay una situación que es preciso corregir: la recuperación no llegó al bolsillo de todos y hay una serie de colectivos que se encuentran en una situación de relativa desprotección”.
Y son los desempleados de larga duración que agotaron la cobertura, familias con sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho al desempleo, jubilados y personas con discapacidad, enumeró el defensor.
Ante ello, las “políticas sociales al uso se revelaron poco poderosas y no neutralizaron el deterioro de la vida de las personas con mayores dificultades”, censuró. Con todo, Fernández Marugán apostó por “recuperar prácticas felices como la cultura del diálogo, la negociación y el pacto” porque ayudarán a resolver los problemas de desigualdad y de redistribución de las rentas.
La Institución advirtió que las políticas de austeridad aplicadas no solo generaron esa desigualdad, sino que dañaron al entramado institucional y a la cohesión social. Al Defensor le “preocupa que mantener esas políticas aumente la pobreza más severa y enquiste la desigualdad”.
