jueves 22/10/20

Profesionales por la Ética ven la gestación subrogada como una explotación

La organización Profesionales por la Ética considera que la gestación subrogada es "una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas".

Una mujer embarazada. EFE/Archivo
Una mujer embarazada. EFE/Archivo

La organización Profesionales por la Ética considera que la gestación subrogada es "una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas".

"Vientres de alquiler, maternidad subrogada" es el título del informe interdisciplinar realizado por "Mujer, Madre y Profesional", una iniciativa de Profesionales por la Ética, que analiza esta práctica, también conocida como gestación por sustitución, así como su situación legal en el mundo y en el marco europeo.

En lo relativo al daño psicológico, médico y social de la gestación subrogada, el informe sostiene que la maternidad de alquiler convierte a los niños en "productos comerciales con control de calidad" y a las madres de alquiler en "productos de usar y tirar".

El estudio analiza la situación de la maternidad de alquiler en Europa, donde está prohibida total o parcialmente en la mayor parte de los países.

Según Profesionales por la Ética, la gestación subrogada está expresamente prohibida en Alemania, Austria, España, Estonia Finlandia, Islandia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía.

La portavoz de "Madre, Mujer y Profesional", Luisa Peña, explica en un comunicado que "la tendencia de los países occidentales se dirige hacia la aprobación del comercio del cuerpo de la mujer y el tráfico de niños".

Peña sostiene que los grupos de presión y el enorme negocio que genera la gestación subrogada están influyendo en las instituciones y creando "neoderechos", atendiendo al deseo de una parte mínima de la población, al margen de cualquier consideración ética y de la legislación internacional vigente.

El estudio es solo un primer paso para informar a la sociedad sobre la maternidad subrogada y sus consecuencias psicológicas, médicas y sociales, apunta Peña, quien indica que su objetivo es lograr "compromisos políticos y resultados jurídicos para abolir esta práctica que vulnera la dignidad humana más elemental". EFE

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