10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Defensor del Pueblo exigió por escrito al Ejecutivo el cierre “inmediato” del campamento instalado desde el pasado mes de agosto en el muelle grancanario de Arguineguín, donde ayer amanecieron 736 personas, lo que supone un paso más en la presión para encontrar una solución.
En una jornada en la que fueron rescatadas otras 63 personas en dos pateras cerca de Gran Canaria, el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, anunció que la próxima semana visitará el muelle, que llegó a albergar a 2.600 personas a comienzos de noviembre.
Su exigencia es que el cierre de ese espacio como campamento para inmigrantes sea inmediato, en tanto que el Ministerio del Interior recalca que se trabaja “contrarreloj” tras la habilitación en el espacio cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria de un campamento con capacidad para 800 personas como Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Las fuentes añadieron que se están adecuando las instalaciones para que los migrantes puedan permanecer en ellas de la forma más digna posible y que poco a poco se irá evacuando Arguineguín.
Traslados a centros
En consonancia con la exigencia del Defensor, organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidieron, entre otras cuestiones, que se reactiven los traslados a centros de la península, algo a lo que se niega el Gobierno salvo en caso de personas vulnerables o solicitantes de protección internacional.
Esas organizaciones, al igual que el Ejecutivo canario o Human Rights Watch (HRW) reclamaron de forma reiterada el cierre del campamento de Cruz Roja en el muelle por sus condiciones de hacinamiento.
También lo hizo el juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díez Tejera, quien reveló testimonios de personas que permanecieron más de tres semanas allí, cuando el máximo deben ser 72 horas. El cierre de Arguineguín es uno de los frentes que debe resolver con urgencia el Gobierno; otro es la reubicación de las miles de personas alojadas en hoteles de Mogán, cuya alcaldesa, Onalia Bueno (CIUCA), dio un ultimátum a esos establecimientos para dejar de acogerlos antes de fin de año.
