El Pacto contra la Violencia de Género cumple un año en una semana trágica

El Pacto de Estado contra la violencia de género llegó ayer a su primer año en una trágica semana en la que han sido asesinadas tres mujeres y dos niñas, convirtiendo septiembre en un trágico mes con 9 víctimas, que elevan a 962 las asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar.
El pacto también inició otro marcador, el de las mujeres asesinadas tras su aprobación en el Congreso, que asciende a 50 víctimas mortales. Las últimas víctimas han sido tres mujeres en Bilbao, Granada y Málaga (Torrox) y las dos niñas de Castellón, asesinadas por su padre.
El mes de septiembre, que no ha concluido, ya cuenta con dos récords deplorables: nueve mujeres y dos niñas asesinadas en crímenes machistas lo convierten en el mes con más víctimas de todo el año y en el peor septiembre desde que se contabilizan los asesinatos de violencia de género. En lo que va de año, 38 mujeres y tres menores han sido asesinados en crímenes machistas, y 25 niños han quedado huérfanos. 
El Congreso está tramitando algunas de las reformas legislativas previstas en el pacto, aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de septiembre de 2017, con el voto afirmativo de todos los partidos, excepto Unidos Podemos y EH Bildu, que se abstuvieron.
La aprobación se produjo en un día en el que un hombre de 33 años, vecino de Sestao, mató a puñaladas a su mujer, de 32 años, y luego se suicidó arrojándose al vacío desde la vivienda.

Medidas
El acuerdo preveía la aplicación de más de 210 medidas destinadas a sensibilizar, combatir y prevenir la violencia machista, algunas de las cuales requerirían reformas legislativas, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, la ley orgánica del Poder Judicial y las referidas a la Trata de Seres Humanos y la Violencia Sexual, así como el Plan Estatal de Vivienda, entre otros.
La mayoría de los cambios requerían además un elevado consenso, dado que de las medidas previstas en el Pacto, 122 eran competencia estatal, diez autonómicas y 82 compartidas entre todas las administraciones.
Para la puesta en marcha del Pacto, el acuerdo contempló un presupuesto de 1.000 millones de euros durante cinco años, de los que 100 millones correspondían a las entidades locales, 500 millones a las comunidades autónomas y otros 400 millones eran para competencias estatales dentro de los Presupuestos.
La gestión en la lucha contra la violencia doméstica determinó incluso la reprobación por el Congreso de la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat (PP). Tras la moción de censura y la llegada del PSOE al Gobierno, la puesta en marcha de este Pacto se convirtió en el principal reto que asumió la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Con objeto de reactivar el Pacto, el nuevo Gobierno aprobó, el 3 de agosto, un real decreto medidas urgentes, como la acreditación de víctima de violencia machista sin necesidad de sentencia judicial. l