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viernes | 19 abril | 2024
La plataforma "Decidir nos hace libres" y varias de las organizaciones que la integran consideran que del anteproyecto de reforma de la ley del aborto no hay nada que pueda salvarse al retrotraer los derechos de la mujeres a épocas pasadas, por lo que han urgido al Ministerio de Justicia a retirarlo.
Ésa es una de las peticiones que varias organizaciones que se oponen a la reforma han recogido en sus alegaciones al texto presentadas en el Ministerio, al que, por el contrario, Derecho a Vivir ha pedido, en las suyas, que se restrinjan aún más los supuestos para que una mujer pueda interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
Las representantes tanto de "Decidir nos hace libres" como de algunas de las más de 300 organizaciones que la integran han detallado sus propuestas en rueda de prensa, en la que también han denunciado que el proceso por el cual Justicia consultó a distintas formaciones durante la elaboración del texto fue "anómalo, poco participativo e irregular".
En el caso de la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, quien también es vicepresidenta del Consejo de Participación de la Mujer, ha asegurado que el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón no se ha dirigido a ésta para la consulta, ni tampoco se han hecho públicos los nombres de los expertos que han participado en el anteproyecto.
Justicia, han explicado las representantes de las organizaciones, abrió el plazo de presentación de alegaciones al texto, que finaliza el próximo 17 de febrero.
La portavoz de la plataforma, Isabel Serrano, ha explicado que en en sus alegaciones se recogen las discrepancias con el texto del que es "muy difícil salvar nada".
En este sentido, Serrano ha indicado que en el texto remitido al Ministerio se expone cómo el anteproyecto condena a las mujeres al "riesgo sanitario", no es reclamado por la sociedad, que en un 86 por ciento lo rechaza y que usa el Código Penal para dilucidar cuestiones de derechos fundamentales y sexuales y reproductivos de la mujer, un instrumento que "no es el más adecuado".
Desde la Asociación de Juristas Themis, Ángeles Jaime no ha descartado acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por la reforma de la ley y ha insistido también en el "absoluto oscurantismo" con el que Justicia ha realizado el proceso de consulta para elaborarla.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha estimado que el PP sabe que si aprueba la nueva ley se va a incumplir "una y otra vez" y devolverá a las mujer a una situación de "siervas y esclavas".
De cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones han señalado que el "eje central" de los actos de conmemoración será el rechazo a la "supresión de la capacidad de las mujeres de decidir sobre su propia vida".
Por el contrario, en otra rueda de prensa, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, que defiende el "aborto cero", ha afirmado que la información que se debe ofrecer a una mujer que se plantea interrumpir el embarazo debe ser lo "más objetiva posible" y, a su juicio, "un informe gráfico" como es una ecografía haría que se cumpliera el objetivo de conseguir un consentimiento informado "veraz".
Ha asegurado que muchas mujeres, después de abortar dicen que si hubieran sabido "lo que llevaban dentro" no lo hubieran hecho.
Joya ha emplazado también a Justicia a que suprima el supuesto de violación entre las causas del aborto legal, ya que considera que así se "está condenando al hijo por el delito cometido por su padre".
Y ha recomendado su supresión entre las causas de aborto legal porque "no borrará" de la mente de la madre el trauma de este acto violento y añadirá otro trauma para su vida, como es el aborto.
Además, en sus alegaciones, Derecho a Vivir considera que debe suprimir también el riesgo de salud mental de la madre.
