El nuevo registro de delincuentes sexuales evitará que entren en contacto con niños

El Consejo de Ministros dio luz verde, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al Real Decreto que crea y regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales al que deberán acudir a partir de ahora todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con niños para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. En España son más de 43.000 las personas que tienen antecedentes por estos delitos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  compareció con Catalá para destacar que se establece así “un sistema eficaz” para impedir que las personas que hayan cometido cualquier delito sexual puedan “tener acceso o seguir ejerciendo” profesiones, oficios u otro tipo de actividades que impliquen un contacto habitual con menores de edad, pero también para perseguir estos delitos en colaboración con otras autoridades europeas. Por su parte, el ministro indicó que el registro, que “empieza a estar operativo inmediatamente”, recogerá a los 43.765 condenados por delitos sexuales que hay en la actualidad en España y se irá ampliando bebiendo tanto del Registro Central de Penados como del  Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores.
“Es muy conveniente tener esta información singularizada e identificada, pues permitirá evitar algunos problemas y es que personas que tengan alguna condena de estas características puedan dedicarse a labores docentes y de voluntariado en contacto con menores de edad”, señaló Catalá, para incidir en que la misión del registro es “prevenir la delincuencia sexual y proteger a los menores de edad”.
En concreto, como manda la Ley de Protección de la Infancia, la persona que pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad en contacto con menores deberá presentar, ante quien le contrate, una certificación negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, también deberán acreditar que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país o en donde sean nacionales.
El registro incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, “con independencia de la edad de la víctima o del condenado”. En este sentido, aclaró que la identidad de la víctima no figurará, pero quedará constancia de su minoría de edad, si la hubiera.
Asimismo, incorporará el código identificador del perfil genético (ADN) de los condenados cuando lo establezca una resolución judicial, lo que posibilitará el seguimiento y control de ese tipo de delincuentes dentro y fuera de las fronteras de España.
Sobre este asunto, Catalá destacó que el registro servirá para evitar “algún caso de descoordinación y de falta de información” que se ha “conocido en el pasado”, así como “va a facilitar la investigación y a establecer mecanismos de cooperación eficaces en el ámbito jurisdiccional”.