La ley de protección a la infancia y la adolescencia, que busca acorralar el maltrato que acecha a uno de cada cuatro niños en España y obliga a todos los ciudadanos a denunciarlo, será una de las primeras leyes aprobadas por el Parlamento en 2021.
La norma, bautizada como “ley Rhodes”, ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia y cuenta con el consenso de partidos y sociedad civil para combatir esa violencia oculta de la que apenas se llega a conocer el 15%
Será obligatorio para todos los ciudadanos comunicar cualquier sospecha de maltrato y para evitar que muchos de los delitos más graves prescriban -ya que la mayoría de las denuncias se presentan en la edad adulta-, el plazo empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años y no 18 como hasta ahora.
Unanimidad
Fuentes parlamentarias subrayan el deseo unánime de todos los grupos de acelerar esa tramitación para que la ley pueda estar lista en unas semanas; una norma aplazada en varias ocasiones y que llega al Parlamento con el acuerdo desde 2017 de organizaciones de infancia, sociedad civil y partidos políticos.
Se trata de una asignatura que España tiene pendiente desde que el Comité de Derechos del Niño reclamó su elaboración hace más de diez años por la urgencia -ya entonces- de mejorar la protección de los menores.
Entre otras claves que esconde la normativa, esta ley incluye una definición amplia de violencia, que identifica con cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, los castigos físicos o el trato negligente, y convierte a la infancia en un bien colectivo de especial protección por parte de las administraciones.
Además, persigue los delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, infracciones sexuales, delitos de odio o la promoción de trastornos alimenticios.
Asimismo, los colegios tendrán normas claras sobre cómo actuar ante el acoso escolar, y la Policía y los jueces, formación para detectar y abordar las situaciones de maltrato infantil.
La ley también contempla el endurecimiento de las condiciones para el acceso al tercer grado, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios a las personas penadas por delitos contra la libertad sexual de los menores de 16 años.