Morirse en España es caro y los diputados buscan una solución

Morirse en España es caro y los diputados buscan una solución
Un hombre contempla la tumba de un familiar en el cementerio de Monterroso durante el Día de Difuntos | eliseo trigo (efe)

Morirse en España sale como poco por unos 2.200 euros, pero para conseguir ese precio hay que morirse en Cuenca, porque si toca decir adiós en Vigo o en Barcelona la factura se va por encima de los 5.000 euros. El Congreso acaba de dar el primer paso para solucionar estos desfases.

El diputado del PDeCat Ferrán Bel defendió hace dos semanas en la Comisión de Hacienda de la Cámara una proposición no de ley para rebajar al 10% el IVA de los servicios funerarios, situado en el 21% desde 2012. La iniciativa fue aprobada con el PP como único grupo en contra.

El diputado catalán explicó que lo mejor que le puede pasar al sector y a los usuarios (que vienen a ser el cien por cien de los ciudadanos –morirse sigue siendo inevitable–) es que haya una regulación en un sector que en muchas ciudades tiende al oligopolio, cuando no al monopolio.

Pocos operadores
Durante el debate de la proposición, el diputado socialista José Javier Lasarte aportó un dato que considera revelador: el 49% de los municipios españoles cuentan con menos de dos operadores por cada 100.000 habitantes.

En Cataluña estsa situación es todavía más acuciante, explicó Bel: el 82% de las localidades de más de 20.000 habitantes dispone solo de una empresa.

La Asociación Española de Servicios Funerarios (Panasef), en el informe anual de 2015, precisa que el sector suma 1.435 operadores, de los que solo cinco facturan por encima de los 50 millones de euros.
En otros números, estas cinco empresas abarcan más del 20% del mercado, en tanto que las 724 que facturan entre 200.000 y un millón de euros ocupan el 13,5%.


Toda esta madeja de cifras se enmaraña más si se repara en la miríada de normas y regulaciones que hay a escalas autonómica y local. Aparte de los permisos previos, se dan requisitos difíciles para las empresas, como la obligatoriedad de disponer de un tanatorio, de un aparcamiento o de un umbral mínimo de féretros.
Morirse en España, por tanto, es una carrera plagada de obstáculos para quien quiere dar servicio y para quien ineludiblemente los va a necesitar. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) redactó en 2013 un informe en el que precisaba cuánto costaban los servicios funerarios en las capitales de provincia.

Seguros de decesos
Cuenca (2.261 euros), Santa Cruz de Tenerife (2.397), Las Palmas (2.662) y Málaga (2.665) eran las más baratas, mientras que Ciudad Real (4.784), Vigo (5.179), Tarragona (5.323) y Barcelona (6.441), eran las más caras.

Evidentemente, los precios resultan más asequibles si aparece por medio un seguro de decesos, pero no todos los españoles disponen de él; de hecho, de acuerdo con la patronal de las aseguradoras, Unespa, el 44% de los ciudadanos lo firmaron. Pero el resto se expone a precios elevadísimos.

Algunas ciudades tomaron cartas en el asunto. Madrid, que es de las más caras, creó una nueva empresa con capital enteramente público con la finalidad de estimular la competencia y abaratar los costes.
Lo mismo hizo Barcelona, la más cara, por lo que no resulta extraño que la Síndic de Greuges de la capital catalana haya recibido desde 2015 un total de 17 quejas sobre la prestación del servicio funerario. La mayoría ponía el acento en el precio.

Son ejemplos que delatan la relevancia de un problema que comparte Panasef. Nada más conocer que el Congreso daba el visto buena a la reducción del IVA, emitió un comunicado para instar a su aprobación definitiva, y a la redacción de una Ley. l

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