sábado 26/9/20

Marina Castaño se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por malversación

La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en la causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación.

Marina Castaño pone flores en la tumba de su difunto marido, Camilo José Cela	archivo ec
Marina Castaño pone flores en la tumba de su difunto marido, Camilo José Cela archivo ec

La viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, y los otros tres investigados en la causa abierta por supuestas irregularidades se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación de fondos públicos en la fundación que homenajea al premio Nobel, lo que los sentará en el banquillo de los acusados, a falta de que se fije fecha, en un juicio con jurado popular.
Aunque el abogado de Lola Ramos, la vecina de Iria Flavia –en Padrón– que impulsó la investigación, ha considerado que “todavía es pronto para determinar la pena concreta”, señaló que el Código Penal establece una penalidad (si resultan culpables) de entre tres y seis años de prisión, además de entre seis y diez años de inhabilitación.
El abogado de la vecina, Xosemaría Rodríguez, calificó de “positivo” el auto que ratifica la apertura de juicio oral con tribunal de jurado y ve “ratificado” lo que acusación y Fiscalía venían defendiendo desde el inicio de la causa.
“Desde que pusimos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, advertíamos de la existencia de unos indicios claros de criminalidad contra los imputados, la presidenta de la Fundación y su gerente”, manifestó Rodríguez, en referencia a Marina Castaño y Tomás Cavanna.
Ya en la investigación, recordó, se observó también la “participación” de otras dos personas que han resultado finalmente investigadas, el exconselleiro de Fraga Dositeo Rodríguez y su hija, Covadonga Rodríguez, quien sustituyó a Cavanna en la gerencia de la fundación.
Xosemaría Rodríguez destacó que el juzgado “también validó las posiciones” de la acusación, al acordar que los delitos se juzgasen por un jurado popular, decisión que también había sido recurrida por los investigados pero que, sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó.
El abogado de Lola Ramos recordó que su cliente “lleva años tratando de demostrar las irregularidades y los posibles delitos cometidos en la sede de la fundación”, una actuación que emprendió en solitario y que ha dado sus frutos al ponerlo en manos de los abogados.
“Ahora está feliz al confirmarse que ella tenía razón en sus sospechas, de la misma forma que como abogado me siento satisfecho, primero, por el trabajo hecho, y segundo, por entender que de alguna forma estás ayudando a que se haga justicia, con independencia de que las personas encausadas sean social o políticamente relevantes”, indicó.
En cuanto al supuesto de malversación, Xosemaría Rodríguez destacó que el hecho de que se juzgue este supuesto es relevante en la medida en que el juzgado entiende que “la Fundación ya tenía carácter público de hecho en el momento de cometer los hechos, pues la mayor parte del dinero tenía ese carácter”.
“Estamos hablando de dinero público y esto conlleva una obligación de cuidado especial por parte de sus administradores, que como es evidente, no se tuvo en este caso, y además, supone también una agravación de las penas”, expuso.
Preguntado con la pieza separada, en relación al cobro del IVA de una entidad cultural vinculada con Marina Castaño, explicó que la audiencia la manda separar para que “se siga investigando” una posible apropiación indebida, al margen de que tampoco es competencia de tribunal de jurado, que sí evaluará el caso de malversación. En este escenario, el abogado de Lola Ramos se mostró “sorprendido” por el papel de la Xunta, que ahora es el patrono mayoritario y que tuvo que hacer una inyección de dinero público para rescatar la Fundación Camilo José Cela. “El papel tanto de la Xunta como de la propia Fundación nos sorprende por ser inexistente. Semeja no haber preocupación alguna por el uso hecho con el dinero público y eso es algo alarmante”, enfatizó.
Por ello, el abogado espera que, una vez conocido este auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, “al menos, empiecen a interesarse por el devenir del proceso y traten de recuperar las cantidades ilegalmente detraídas del erario”.

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