jueves 26/11/20

La Manada podrá salir de la cárcel pagando una fianza de 6.000 euros

La Audiencia de Navarra decidió que los miembros de La Manada puedan salir de prisión pagando una fianza de 6.000 euros, una resolución que fue duramente criticada por colectivos feministas

Cientos de personas se manifestaron ayer en A Coruña contra la decisión de la Audiencia de Navarra | javier alborés
Cientos de personas se manifestaron ayer en A Coruña contra la decisión de la Audiencia de Navarra | javier alborés

La Audiencia de Navarra decidió que los miembros de La Manada puedan salir de prisión pagando una fianza de 6.000 euros, una resolución que fue duramente criticada por colectivos feministas, que anuncian movilizaciones.
Los cinco integrantes de La Manada fueron condenados cada uno de ellos a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven en los Sanfermines de 2016, pero no por violación como pedían las acusaciones, en una sentencia con un controvertido voto particular que abogaba por la absolución.
La resolución conocida ayer, que fue notificada a los condenados, cuenta con el voto discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien abogó por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones. A los cinco jóvenes integrantes de la Manada se les imponen medidas cautelares, como la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia y se les prohíbe entrar en la comunidad de Madrid, donde reside la víctima, al igual que toda comunicación con ella.
También se les retirará el pasaporte, y se les prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial. La vista sobre la prórroga de la prisión de los miembros de La Manada se celebró el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona, toda vez que el próximo 7 de julio se cumplirán dos años de su encarcelamiento, que es el máximo legal para esta situación provisional.
En esta vista, tanto la fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares (el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) solicitaron la prórroga de la prisión provisional, mientras que las defensas de los condenados pidieron su puesta en libertad al entender que no se daba ninguno de los supuestos para mantenerlos en la cárcel (riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de fuga). Tras conocerse la decisión, las protestas se extendieron por todo el país. l

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