La justicia gratuita solo se podrá utilizar tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abuso

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno, difundidas ayer.

El Ministerio de Justicia ha realizado ya un borrador con el que se modifica la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha remitido este texto a las comunidades para recabar sus opiniones, teniendo como objetivo lograr “una Justicia gratuita más justa”, tal y como afirmó el pasado lunes el ministro en el Congreso, donde compareció para defender la nueva Ley de Tasas Judiciales.

Pretende evitar el exceso de litigiosidad en los recursos a las multas de tráfico

El Ejecutivo ha detectado que se producen casos de abusos en la utilización de este servicio, que supone al año un coste anual de 269 millones de euros para el erario público. Entre otros casos, se ha constatado un exceso de uso en los procedimientos para recurrir multas de tráfico.

condiciones

En el borrador que ha redactado el Ministerio de Justicia para modificar la norma, incluye una serie de medidas que limitan la utilización aplicando la presunción del iuris tantum, según el cual se aplicará una presunción de abuso para todas aquellas solicitudes que excedan de tres al año, salvo que se acredite que hay un legítimo derecho.

Además, si el ciudadano que ha utilizado ya en tres ocasiones un abogado de oficio es demandado, podrá volver a recurrir a la justicia gratuita si reúne los requisitos para ello. Esta limitación se aplicará a los procedimientos civiles, contenciosos y en la jurisdicción social, pero no se aplicará en la jurisdicción penal.

No obstante, el ministerio también se ha propuesto elevar el número de personas que puedan ser usuarios de este servicio y para ello, ha propuesto elevar el umbral de ingresos, que pasará de 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

Es decir, que los ciudadanos con unos ingresos inferiores a 15.975 euros anuales podrán acceder a un abogado de oficio, mientras que hasta la fecha solo lo podían hacer los que ingresaran menos de 14.910 euros en cómputo anual. n