Las juezas piden revisar el modo de investigar y juzgar los delitos sexuales

La sentencia que condenó a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso y no de agresión sexual sigue sumando reacciones, entre ellas la de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) que ve necesario revisar el modo en que se investigan y juzgan los delitos relacionados con la libertad sexual.
Para el colectivo de juezas, la interpretación de la Audiencia de Navarra, que el jueves condenó a cada uno de los cinco acusados a nueve años de prisión por abusos sexuales y no por violación al excluir la existencia de intimidación, es la que ocasionó “desconcierto” y un “importante rechazo social”. Y ello, añade AMJE, “abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica”.
En su opinión, la causa de esta quiebra se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos ligados al género que, igual que afectan a la sociedad, también atraviesan la forma en que se aplican las normas jurídicas. “Se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los propios autores”, defienden las juezas. Abogan, no obstante, porque la confianza en la Justicia se construya tanto desde el respeto a las resoluciones como desde la crítica legítima. Todas las asociaciones de jueces salieron al paso para defender a los magistrados del tribunal de los ataques sufridos tras la sentencia que, en opinión de todas ellas, deslegitiman al Poder Judicial.
El portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, exigió “rigor” a los dirigentes políticos en sus manifestaciones sobre la sentencia y lamentó que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, “parece desconocer la separación de poderes”, razón por la que la asociación pidió su dimisión.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria acepta y entiende las críticas al tribunal pero lamenta que el Consejo General del Poder Judicial carezca de la figura de un portavoz que dé servicio a los ciudadanos, con mayor pedagogía en las sentencias y que explique en “lenguaje comprensible” el porqué de las mismas.
A su juicio, esta carencia es aprovechada por algunos políticos que, “de forma oportunista e incumpliendo el deber de lealtad entre poderes públicos” y su propio mandato constitucional, depositan toda la responsabilidad en el Poder Judicial y usan políticamente un hecho “triste y traumático” para una mujer.
“Más escandalosa” considera la AJFV la actitud del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque con sus declaraciones trata de subirse a la “tabla de salvación” de la sentencia mediática de la Manada para situarse frente al Poder Judicial “al que ni comprende ni protege ni provee de medios”.