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viernes | 19 abril | 2024
La juez que se hizo cargo de la denuncia de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) por el trato que reciben los inmigrantes en el muelle de Arguineguín decidió archivarla, al considerar que la situación del campamento es “efectivamente deplorable”, pero no constituye delito alguno.
La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín, donde llegaron a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad, pero al registrarla sí manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen “responsabilidades penales” en el Gobierno.
“El examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal”, argumentó la juez Yanira del Carmen Gozález, que inspeccionó el campamento el pasado viernes, cuando había más de un millar de personas en su interior, para conocer en persona cuál era la situación.
La denuncia
Cuando la regidora del Ayuntamiento donde se encuentra el muelle de Arguineguín interpuso su denuncia, el pasado 28 de octubre, había en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta en ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.
Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención del Covid-19, que no había camas para ninguno de los inmigrantes, que solo se habían dispuesto doce duchas, con lo que el acceso a la higiene era muy difícil, y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos.
También cuestionaba que los inmigrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar “esas durísimas condiciones hasta más de 15 días” en el muelle. “Efectivamente, deplorable”, reconoció la juez en su auto, para acabar subrayando que no se aprecia delito alguno.
