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viernes | 19 abril | 2024
La multinacional Johnson&Johnson y una de sus subsidiarias acordaron hoy con el Departamento de Justicia el pago de una multa de más de 2.200 millones de dólares por promocionar tres medicamentos para usos distintos para los que fueron autorizados.
El acuerdo, uno de los más onerosos de la historia de Estados Unidos para una empresa del sector sanitario por fraude, implica el pago de multas por conducta criminal y violación del código civil.
"La conducta (de J&J) pone en peligro la salud y seguridad de los pacientes y daña la confianza pública", indicó en rueda de prensa el Fiscal General de EEUU, Eric Holder.
El comportamiento denunciado por el Departamento de Justicia afecta a dos medicamentos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia (Risperdal e Invega) y otro para problemas cardiacos (Natrecor), que en algunos casos fueron promocionados para usos no aprobados por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA).
Por ejemplo, Risperdal se recetó entre 2002 y 2003 para la ansiedad, la depresión y la hostilidad, cuando la FDA no había acreditado su utilidad en esos casos, algo que la filial de J&J Janssen omitía o escondía entre sus recomendaciones.
Además, J&J pagó entre 1990 y 2009 sobornos a médicos para que recetaran y recomendaran sus medicamentos.
No obstante, el Departamento de Justicia indicó que no tienen información de que se haya producido un daño irreversible a los pacientes por el comportamiento ilegal de J&J, aunque el uso indebido de Risperdal puede provocar diabetes y sobrepeso.
"Esta resolución multimillonaria demuestra el compromiso del Departamento de Justicia con la prevención y la lucha contra todo tipo de fraude sanitario", indicó Holder, quien acusó a J&J de enriquecerse fraudulentamente a expensas del pueblo estadounidense.
Además, la empresa se compromete a participar en un programa de control y auditoría para evitar nuevos comportamientos ilegales con la intención de aumentar la venta de medicamentos, algo que para Holder aumenta el coste de programas sanitarios públicos como el Medicare o el Medicaid.
El acuerdo anunciado hoy no supone el fin de otras demandas contra el uso de Risperdal en los estados de Luisiana y Carolina del Sur.
