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martes | 23 abril | 2024
El Gobierno derogará la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular con el fin de restablecer el derecho a la sanidad universal, una decisión que ha sido celebrada por colectivos sanitarios, ONG y organizaciones que trabajan con inmigrantes.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, hizo este anuncio en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que advirtió de que es un asunto “extraordinariamente importante” para toda la sociedad y de “decencia política”. Fue en abril de 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, aprobó este real decreto de reforma sanitaria, por lo que el Ejecutivo tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia. El texto podría estar listo en unas seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros y, posteriormente, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso.
Comunidades
“Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado”, señaló Celaá. Para ello, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se reunirá en la última semana de junio con los consejeros autonómicos del ramo para abordar de “forma conjunta” el proceso de recuperación de la asistencia sanitaria universal.
La reforma del PP dejó sin atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a los inmigrantes sin papeles, aunque estaba garantizada su asistencia en los servicios de urgencias, así como para los menores y las embarazadas. Con esta medida, el Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud (SNS) más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la “sostenibilidad” y “universalidad” de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los “abusos” en sus prestaciones.
Entre las medidas que también contempla el real decreto aún vigente destaca el “copago” de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos, por primera vez, los pensionistas. Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos aprobaron iniciativas para aumentar la protección a los sin papeles, que fueron recurridas por el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que este revocó al considerar que este colectivo no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, como recordó la también ministra de Educación. La portavoz auguró que, una vez aprobada la nueva norma, “no habrá ninguna comunidad que la incumpla”.
“Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el real decreto fue publicado”, dijo Celaá.
Precisamente, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, señaló que ayer era es “un buen día” al volver a restituir el principio de que la sanidad sea un bien público universal al alcance de los españoles y de los que residen sin ser españoles, que “cercenó” la reforma sanitaria del PP.
Por su parte, Médicos del Mundo calificó de “acertada” la decisión del Gobierno y desea que el derecho a la sanidad universal “se haga realidad lo antes posible".
