Galicia recibe más de ocho millones de euros para luchar contra la violencia machista

El Gobierno hizo efectivo ayer el pago de los fondos del pacto de Estado contra la violencia de género a las comunidades que, en esta ocasión y de forma excepcional, permite que se ejecuten en 2019 sin que sean descontados de la cantidad que corresponda al próximo ejercicio.
En concreto, la comunidad gallega recibió un total de 8.027.342 euros. En un comunicado, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad señaló que esta medida excepcional se permite debido al corto periodo de tiempo para la ejecución de las partidas y recordó que el reparto de fondos (100 millones de euros) se acordó en la Conferencia sectorial del 31 de julio.
Los fondos se distribuirán de acuerdo con criterios territoriales (insularidad y ciudad fronteriza) y poblacionales (porcentaje de mujeres), con especial atención a las mayores de 65 años, las que tienen discapacidad, trabajo temporal o están en situación de desempleo. Además, el reparto tuvo en cuenta a la población rural y la densidad de población.
Según informó Presidencia, el pago se realiza por cuartas partes en la segunda quincena natural de cada trimestre, por lo que una vez transcurridos tres trimestres, las comunidades recibieron ayer el 75% de los fondos y los trámites para el restante 25% ya se iniciaron. El crédito será destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres especialmente vulnerables, su inserción sociolaboral, campañas de sensibilización y prevención, protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes.
También para establecer un sistema de acompañamiento de las mujeres, reforzar los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas, de los Puntos de Encuentro Familiar, formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.
Por otro lado, el Gobierno, jueces, fiscales y todos los agentes involucrados en la lucha contra la violencia de género coincidieron ayer en la urgencia de seguir avanzando en la mejora de la valoración policial del riesgo y de la formación de los profesionales para una protección más eficaz de las víctimas.
Lo hicieron en la inauguración del VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que reunió a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; los ministros del Interior y de Justicia, Fernando-Grande Marlaska y Dolores Delgado; el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, María José Segarra, entre otros. Ante representantes de todos los operadores implicados en esta lucha, Carmen Calvo reclamó a estos profesionales que emprendan una “gran revolución personal” más allá de sus obligaciones laborales para erradicar la violencia machista.
“El Gobierno tiene la alerta de la escucha, de todo lo que puedan decir y alertar”, aseguró la también ministra de Igualdad a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y operadores de justicia, del ámbito educativo y de la sanidad presentes, que hasta mañana debatirán sobre las medidas a tomar para erradicar la barbarie machista.
Grande-Marlaska detalló alguno compromisos, como los nuevos formularios de valoración policial del riesgo, que incluirán la predicción de reincidencia de nuevos episodios de violencia.