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viernes | 19 abril | 2024
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado solicitó al Defensor del Pueblo que investigue la actuación de España con el bebé nacido en la fragata española “Navarra”, después de que su madre fuera rescatada en aguas del Mediterráneo. Ambas fueron entregadas a las autoridades italianas.
En concreto, la Red pidió al Defensor que determine si en las operaciones que efectuó España en el marco internacional en materia de refugiados y menores de edad, así como de nacimientos en territorio nacional, se está cumpliendo la Declaración de los Derechos del Niño.
Para la organización, el Gobierno está amparándose en acuerdos comunitarios entre países para “traicionar el espíritu y la letra de lo marcado por la carta de derechos del niño así como la declaración internacional de derechos humanos”.
Por otro lado, la Red solicitó formalmente al portavoz del Gobierno de España que conceda de forma urgente la nacionalidad por carta de naturaleza a la pequeña y que actúe de forma favorable a la acogida de los menores que nazcan en territorio nacional a través de una aplicación amplia del derecho del suelo. “Desde la Red solicitamos al Gobierno subsidiariamente que se conceda la nacionalidad por carta de naturaleza”, reclamó el presidente de la Red, Daniel Méndez, al Defensor del Pueblo.
lentitud "desesperante"
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) definió el 2016 como “otro año sin refugio” y criticó la “desesperante lentitud” de la UE y España en los procesos de reubicación y reasentamiento y la “sorprendente rapidez para establecer nuevos obstáculos” a los refugiados.
Además, CEAR lamentó que en 2016 más de 5.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, “un nuevo récord que la confirma como la ruta más mortal del mundo”. Entre los “obstáculos” que, a su juicio, se han puesto durante este año que termina, CEAR denuncia los intentos de “criminalizar la solidaridad” con detenciones como las de los bomberos españoles de Proemaid, que acudían al rescate de pateras, y que siguen pendientes de juicio.
También cita la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para que este país se hiciera cargo de los refugiados que llegan a su territorio e impidiera su salida por mar hacia Grecia, que CEAR calificó de “ilegal”. “El carácter colectivo de las expulsiones, la consideración de Turquía como un ‘país seguro’, y el criterio basado exclusivamente en la nacionalidad vulneran la normativa europea e internacional en materia de asilo”.
Precisamente, con el apoyo de 294 organizaciones y más de 12.000 firmas individuales, CEAR presentó una denuncia contra el acuerdo UE-Turquía ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y esta última institución abrió una investigación unos meses después.
