El PP llama al orden a Gallardón por afirmar que el matrimonio gay es válido

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Alfonso Alonso, señaló ayer con respecto a la constitucionalidad de la ley del matrimonio homosexual que \“más allá de las opiniones personales\”, está la posición del partido.

Alonso pronunció estas palabras en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para quien, según su criterio particular, el matrimonio de homosexuales tiene validez, si bien reiteró que hay que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional.

El PP presentó hace años un recurso contra esta norma aprobada por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el Alto Tribunal no ha dicho nada todavía.

Alonso, cuando era alcalde de Vitoria, también se manifestó a favor de que hubiera matrimonios entre personas del mismo sexo, y cuando ayer le preguntaron por su opinión personal, subrayó que sigue pensando lo mismo que entonces.

Con un matiz > Pero con un matiz: que \“más allá de opiniones personales, está la posición del partido\”, y \“la posición oficial y real del PP es que hay que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional\”.

Esta doctrina popular quedó patente en las palabras del titular de Justicia quien afirmó que aún hay que esperar, \“la ley seguirá vigente hasta que el Tribunal Constitucional establezca su criterio\”, dijo en declaraciones a la cadena Ser. Gallardón añadió que, en cualquier caso, su \“criterio particular\” es que la ley no es inconstitucional.

La postura del Gobierno frente al matrimonio homosexual es distinta a la que mantiene ante la actual ley del aborto, que también recurrió ante el Constitucional pero que reformará sin esperar a que este se pronuncie para acabar con el sistema de plazos y volver a uno de supuestos.

Según Gallardón, ello obedece al hecho de que, a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio homosexual, el Alto Tribunal sí se pronunció, hasta en tres ocasiones y estableció como doctrina que, más allá de los supuestos en los que la interrupción del embarazo estuviera despenalizada, el no nacido no puede estar sometido \“a una total desprotección\”.

\“Una ley estricta de plazos supone una desprotección absoluta durante ese periodo de tiempo\”, aseguró el titular de Justicia.