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viernes | 19 abril | 2024
La atención que prestan las comunidades a las personas dependientes no podrá mantenerse a causa de los recortes en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Gobierno, aseguró ayer el Observatorio de la Dependencia.
En su último dictamen, la entidad analiza los últimos seis meses de aplicación de la ley y considera que son “especialmente preocupantes” aspectos como la financiación “insuficiente” del sistema “territorialmente injusto”, el sobredimensionamiento de la prestación a cuidadores familiares y el limbo de la dependencia.
“Las comunidades, desde la deslealtad institucional que está haciendo el Gobierno con los recortes en dependencia, no pueden mantener siquiera la atención a la dependencia que están dando actualmente”, sostuvo el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha explicado el informe en rueda de prensa.
Ramírez señaló que el Estado pasó de cubrir el 39,2 por ciento de las facturas de los servicios en 2009 al 21,4% en 2012, y, que en 2013 bajará de este porcentaje por “el recorte de 200 millones de euros” que llevará a cabo el Ejecutivo en el SAAD.
Según sus datos, 770.949 personas figuraban como beneficiarias del Sistema, pero aún 230.203 tenían reconocido el derecho a las ayudas y no las habían recibido (el 23% del total).
Para el Observatorio, esta cifra si bien representa un descenso respecto a periodos anteriores, supone “un espejismo estadístico” por las bajas resultantes de la modificación del calendario de la ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta 2015, además de los fallecimientos que durante la espera se han producido.
En cuanto al plazo medio desde que el dependiente entrega la solicitud de ayudas de la ley hasta que recibe el servicio se sitúa entorno a los 15 meses (tres para la valoración y doce para el acceso al servicio), si bien el Observatorio aclara que hay expedientes que pueden superar esos plazos, por lo que “no es extraño” que se produzcan fallecimientos en ese periodo.
El Observatorio recuerda que el Consejo Territorial acordó en su día que la espera se acortase a los seis meses, que sería el límite que consideran legalmente admisible.
