La DGT investiga la adjudicación de los cursos para recuperar puntos del carné

La Dirección General de Tráfico (DGT) abrió ayer una investigación ante posibles irregularidades en las adjudicaciones de cursos a las autoescuelas para recuperar los puntos del carné de conducir.
Fuentes de la DGT confirmaron que, el organismo estatal de tráfico inició una investigación interna para esclarecer “que hay de cierto” en las acusaciones.
Al parecer, se habrían producido amaños en las concesiones de los cursos para recuperar puntos dentro del sistema de carné por puntos (que estos días celebra su primera década de funcionamiento), de forma que estos habrían quedado “monopolizados” por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), presuntamente con la colaboración de la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera.
Las fuentes consultadas en el organismo de tráfico señalan que el sistema de adjudicación de los cursos no contempla que la DGT pueda percibir ningún ingreso por esta actividad y que actúa únicamente como intermediario. “No cobramos nada ni de los entes que imparten los cursos ni de las personas que los realizan”, aseguran desde tráfico.
Además, aseguran que el sistema de “concentración” que llevó a la actual situación de monopolio de los cursos para recuperar los puntos del carné de conducir estaba “previsto” en el diseño original del sistema, e indican que la DGT “llevaba intentando cambiar el sistema desde 2012”. “El monopolio venía por ley, no es una opción que uno pudiera optar”, explican en la DGT.
De hecho, subrayan que en el texto que el organismo de tráfico propuso para la reforma de la Ley de Seguridad Vial se incluía una modificación en un epígrafe para cambiar el sistema de reparto de los cursos, pero que luego, dicha modificación fue suprimida durante la tramitación parlamentaria del texto.
“No sabemos lo que ocurrió”, aseguran. En todo caso el concurso para adjudicar los cursos que se lanzó en septiembre de 2015 (y que luego fue recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y ante la Audiencia Nacional para paralizar la adjudicación y cambiar la adjudicación original) pretendía precisamente “romper el monopolio”.