Creen en la Justicia tras derribar sus casas en Tenerife por la Ley de Costas

Creen en la Justicia tras derribar sus casas en Tenerife por la Ley de Costas
Momentos de tensión durante el desalojo hoy del poblado pesquero de Cho Vito, en el municipio de Candelaria, por aplicación de la ley de Costas. Las palas que esta mañana llegaron a este poblado pesquero, han continuado el derribo de

Mientras las palas comenzaban a derribar las viviendas, los vecinos han anunciado que abandonan la huelga de hambre que iniciaron el lunes para reclamar que se les permitiera continuar en sus casas, y han asegurado que la demolición se ha llevado a cabo sin autorización judicial.

Los primeros derribos de Cho Vito se llevaron a cabo en 2008 y entonces se permitió que continuasen ocupadas nueve casas que eran la primera vivienda de sus inquilinos.

A las 7:00 horas, agentes de la Guardia Civil han comenzado a desalojar a los vecinos antes de que comenzase la actuación de las palas mecánicas.

Algunos vecinos de Cho Vito han tratado de impedir la actuación de los agentes y han coreado consignas como "¡Queremos ver la orden judicial!", "¡Estos son los cachorros del PP!" y "¡La casa del alcalde es ilegal!".

El portavoz de los vecinos, Tomás González, ha dicho en rueda de prensa que ahora llegarán representantes de los partidos políticos a "ponerse medallas" y ha criticado tanto a PSOE, como a PP, Coalición Canaria, Izquierda Unida y Alternativa.

González ha asegurado que no se han agotado todas las vías ya que han presentado recursos judiciales -que no ha detallado- y que están pendientes de resolución, y ha destacado que la Justicia, "aunque lenta, funciona maravillosamente bien".

Los vecinos han decidido que su próxima vivienda será una acampada frente al Ayuntamiento de Candelaria "que es la casa del pueblo", dijo su portavoz.

Las mayores críticas fueron para el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, del PSOE, al que ha acusado de tener una vivienda "ilegal" y para la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, de quien ha afirmado que "no tiene palabra".

González ha comentado que la decisión de derribar las viviendas ha sido política y ha insistido en que no han recibido propuestas alternativas, si bien ha admitido que hubo una, pero para cuatro de las nueve familias.

Además, se ha preguntado cómo es posible que, "con la que está cayendo" en España, nueve familias se queden en la calle por la actuación de cuatro administraciones" y que "tienen que justificar más de un millón de euros recibidos de la Unión Europea, pero para rehabilitar la costa, no para desalojar" a vecinos.

González ha lamentado también la actuación de los agentes de la Guardia Civil que, según ha dicho, han actuado con exceso de celo y han dado "porrazos" a niños.

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