El Congreso valida por unanimidad el decreto que urge a desarrollar el Pacto contra la Violencia de Género

Todos los grupos políticos dieron ayer el visto bueno en el Congreso a la convalidación del real decreto ley del Gobierno para el impulso de algunas medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como la acreditación de víctima de violencia machista sin necesidad de sentencia judicial.
El decreto, que aprobó el Ejecutivo en agosto, será tramitado en las Cortes como proyecto de ley. Su objetivo es poner en marcha tres medidas del Pacto que requieren modificaciones legislativas: devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista; permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor; y agilizar la acreditación de las víctimas sin necesidad de sentencia judicial para que estas reciban ayudas. “Este real decreto debe ser convalidado por esta Cámara porque el mensaje que debemos trasladar a nuestro país es que en esto no hay discrepancias partidistas, debemos ir todos a una contra la violencia machista. Tenemos que decirles a las víctimas que pueden salir de esa tragedia, que la política está a su servicio”, indicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el Pleno.
Todos los grupos parlamentarios coincidieron con la también ministra de Igualdad en que es urgente la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, aprobado ya hace un año. El decreto, que pasará a ser proyecto de ley, prevé modificar el Código Civil para que los hijos de maltratadores puedan recibir atención psicológica con la autorización de un progenitor.
También la ley de Bases del Régimen Local para devolver a los ayuntamientos las competencias de igualdad y prevención de la violencia machista, con el objetivo de que se “conviertan en lugares de “escucha, asilaje y respuesta” de las víctimas y sus hijos. Calvo recordó que el 70 por ciento de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor, por lo que las víctimas deben recibir el mensaje de que “las estamos esperando para ayudarlas”.
La tercera modificación legal, en este caso de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, persigue que se pueda acreditar la condición de víctima sin necesidad de sentencia judicial con el fin de que puedan acceder a ayudas sociales y laborales.
“Creo firmemente que la violencia no desaparecerá si no mantenemos la unanimidad para su total rechazo”, dijo la diputada popular Marta González Vázquez, quien mostró su preocupación por aspectos incorrectos o ambiguos del decreto que espera modificar durante su tramitación.
Desde ERC, Ana María Surra, también defendió que el decreto tiene una serie de errores, relativos al ámbito competencial autonómico, que esperan subsanar. Ciudadanos considera que el Gobierno “dejó todo sin atar” por lo que mostró su intención de enmendar el proyecto. Patricia Reyes solicitó que se tramite de manera urgente para que las medidas del Pacto se pongan en marcha cuanto antes. “Vamos tarde y no podemos esperar un segundo más. Nos va la vida en ello”, dijo la diputada de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón.
La vicepresidenta del Gobierno celebró el consenso en torno al Pacto y pidió a la Cámara que baje “las armas de la discrepancia y de la confrontación política” para luchar unidos contra esta violencia. Por su parte, la diputada socialista Carmen Cuello exigió que se aborde esta lucha como una cuestión de Estado.