Bruselas pide a los gobiernos que aceleren el proceso de expulsión de inmigrantes “sin papeles”

La Comisión Europea pidió ayer a los países de la Unión Europea que hagan uso del máximo legal de 18 meses que les permite la normativa comunitaria para mantener detenidos a inmigrantes irregulares mientras se resuelve su expediente de expulsión, frente a los plazos “mucho más reducidos” que aplican una mayoría de Estados miembros.

El comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, quiso dejar claro en la presentación de estas recomendaciones que “en ningún caso se está hablando de campos de concentración”, sino de “centros de detención”, y que todas las medidas que plantea Bruselas para agilizar las deportaciones se enmarcan dentro de los límites que marcha el Derecho internacional y los Derechos Humanos.

“Recomendamos a los Estados miembros que usen toda la flexibilidad que permite la directiva”, indicó el comisario en una rueda de prensa, en la que argumentó que a menudo los países aplican periodos “mucho menores” de los que permite la norma en casos de riesgo de fuga o para quienes no cooperan.

En concreto, la recomendación de Bruselas aboga por ajustar las legislaciones nacionales al periodo inicial máximo de seis meses de internamiento que puede autorizar un juez en casos de expulsión de acuerdo a las normas de la UE, y que podría extenderse hasta los 18 meses bajo algunas circunstancias.

El documento considera que la detención puede jugar un papel “esencial” para que funcione con éxito el sistema europeo de retorno, aunque aclara que solo debe emplearse si medidas alternativas “menos coercitivas” no han sido suficientes.
“Esos periodos cortos de tiempo de detención impiden los traslados efectivos”, insiste la Comisión, que asegura que los plazos deben ser “lo más breves posible”, pero considera que los tiempos de muchos países son insuficientes para tramitar los expedientes de expulsión.

Advierte, además, que la detención debe ser también una opción en casos complejos de menores no acompañados y recuerda a las autoridades nacionales que es un supuesto previsto. Fuentes comunitarias recalcan que la directiva asegura suficientes “salvaguardas” para proteger a los menores, pero lamentan que los límites introducidos por los Estados han “prohibido ‘de facto’” estas expulsiones.