Las bodas y los divorcios se podrán realizar ante notario por un precio de 95 euros

Las bodas y divorcios se podrán tramitar ante notario a un precio de 95 euros, según anunció el ministro de Justicia al informar del anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno. Según explicaron Soraya Saenz de Santamaría y Alberto Ruiz Gallardón, se trata de liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales en las que no haya litigio entre partes.
Añadieron que con ello se descongestionará a la Administración de Justicia para que determinados asuntos sean resueltos por otros operadores como notarios, registradores y secretarios judiciales de una forma más ágil.
Gallardón aclaró que no se trata de privatizar ya que “todo entra dentro de lo público” pues se descarga a los jueces de tareas que hasta ahora eran de su competencia exclusiva y que asumirán otros funcionarios públicos como los notarios, los registradores y los secretarios judiciales.
El ministro comentó que tan solo existirán costes no obligatorios si se opta por alguna de las vías previstas en la ley, como por ejemplo contraer matrimonio ante notario.
No obstante, en este caso será el Gobierno el que fije el arancel a pagar por cada matrimonio ante notario, que será de 95 euros, cantidad que ha calificado de asumible teniendo en cuenta que es un acto que no se celebra muchas veces en la vida.
De esta forma los más de 50.000 expedientes de jurisdicción voluntaria sin controversia ni disputas se redistribuirán entre los diferentes operadores para que los jueces puedan centrarse en su principal tarea que es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
Añadió que el hecho de que los notarios puedan celebrar matrimonios rebajará las listas de espera en los registros civiles.
Otra novedad destacada por el ministro es la posibilidad de que los notarios también puedan tramitar divorcios cuando haya mutuo acuerdo entre los cónyuges y no existan menores ni personas con capacidad judicialmente completada (como se denomina ahora a los incapaces), es decir casos en los que no debe intervenir el fiscal.
Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales considera que el anteproyecto que permitirá la tramitación de bodas y divorcios ante notario, es “otra apuesta más por la privatización de la justicia”.
La UPSJ señala que la propuesta está orientada a “incrementar el volumen de negocio” de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
“No existe ningún motivo que impida que el conocimiento de estas materias se le otorgue a los secretarios judiciales”, de forma que sería gratuito para los ciudadanos y quedaría en manos de unos profesionales con experiencia en estas cuestiones, en opinión de la UPSJ.