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jueves | 18 abril | 2024
La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, negaron ayer su participación en los hechos, tras acogerse a su derecho a no declarar en base al “secreto profesional”, en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde estaban citadas para declarar como investigadas por “su presunta intervención” como “inductoras” o “partícipes necesarios” en una supuesta sustracción de los hijos de Juana Rivas.
“Bajo ningún concepto” las funcionarias han “inducido, apoyado o cooperado” en supuestas sustracción de menores ni en el caso de Juana Rivas, la madre que estuvo casi un mes ilocalizable tras no acatar la orden judicial de devolver los hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito doméstico, ni en el de las más de cien mujeres a las que atienden cada año.
Así lo indicaron en declaraciones a los periodistas tras permanecer en sede judicial unos quince minutos, entre muestras de apoyo, a las que se sumó el alcalde de la localidad maracenera, Noel López (PSOE), y varios de sus concejales, a las puertas de los juzgados de Caleta.
Francisca Granados explicó, tras comparecer ante la juez, junto a Teresa Sanz, que, en el año y tres meses que aproximadamente median desde que Juana Rivas llegó a España, vivieron con ella “acontecimientos duros” tras lo cual la madre de Maracena ha “cumplido” con la justicia en lo referente a la entrega de sus hijos, la cual efectuó el lunes en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los recogió su padre, Francesco Arcuri, residente en Italia.
Una situación difícil
“La entrega se hizo en cumplimiento de una resolución judicial que obligaba a Juana Rivas a la restitución de los menores”, ha destacado Granados.
La situación que vive tras ello Rivas no es “nada positiva sino todo lo contrario” y está siendo apoyada por personas de su entorno, explicó Granados, que se mostró confiada en que “tarde o temprano se hará justicia”.
No pudo dar datos de los niños, con los que su madre no tiene contacto estos días, y sobre los que el Centro Municipal de la Mujer pidió una orden de protección al Juzgado de Instrucción 2 de Granada, en el marco de sus competencias, “porque así nos acredita la normativa vigente”.
La clave de este caso, según la asesora jurídica de Juana Rivas, es que hay un proceso “iniciado pero no terminado” para investigar la “situación” de Juana Rivas como víctima de violencia de género, por lo cual interpuso una denuncia el mes de julio de 2016 en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada, que fue remitida traducida a los tribunales italianos por haber sucedido supuestamente en Italia los hechos, y posteriormente ratificada y ampliada en este juzgado granadino.
Un proceso pendiente
Esa denuncia “aún no fue investigada, aún no ha habido un proceso” en que “lógicamente se valore esa situación de violencia de género”, señaló Granados.
Por su parte, la Fiscalía no solicitó medidas cautelares contra la asesora jurídica y la psicóloga. Fuentes de la Fiscalía, informaron de que el Ministerio Público no solicita “en un principio” la adopción de ninguna medida cautelar para estas funcionarias del Ayuntamiento de Maracena, que negaron ayer su participación en los hechos, tras acogerse a su derecho a no declarar.
