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jueves | 18 abril | 2024
El Parlamento vasco ha aprobado la Ley de Vivienda que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos y la imposición de un canon a viviendas vacías y que reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales.
La aprobación de la norma se produce después de que el Tribunal Constitucional haya anulado aspectos del decreto andaluz antidesahucios relativos a la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, posibilidad que en la ley vasca aparece como "expropiación forzosa de uso".
Éste no es sin embargo el único aspecto controvertido de la ley ya que también ha suscitado polémica el canon a las viviendas que estén vacías durante más de dos años y la decisión de que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en Euskadi se destine al alquiler.
Pero el precepto más novedoso de la norma es el estatus de subjetivo que concede al derecho a la vivienda, lo que significa que las personas con escasos recursos y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios podrán acudir a la Justicia para reclamar a la Administración que les facilite una vivienda en alquiler.
El texto ha sido aprobado con los votos del PSE -partido que ha impulsado la ley-, EH Bildu y UPyD, aunque ha sido rechazada por el el PP y el PNV, que deberá gestionarla desde el Gobierno vasco pese a que no cree en ella y ya en su momento alertó de que podría generar un "efecto llamada" de "proyección mundial".
Hoy el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha matizado esta postura y, en atención al "deber de lealtad al país y al Parlamento" vasco, se ha comprometido a desarrollar y a aplicar la ley, una tarea que será "compleja".
No obstante, ha advertido de que la norma obligará a invertir entre 60 y 80 millones adicionales cada año y de que algunos de sus preceptos generan "cierta inseguridad jurídica".
La ley ha salido adelante por la mínima, ya que abertzales, socialistas y UPyD suman 38 parlamentarios frente a los 37 de nacionalistas y populares.
Durante el debate, el parlamentario del PNV Norberto Aldaiturriaga ha considerado que el texto "tiene un aire de lista de la compra y carta a los reyes magos".
La representante popular Nerea Llanos ha advertido también de la "inseguridad jurídica" del texto y de que para aplicarlo hará falta dinero, lo que obligará -ha dicho- a subir impuestos, aprobar nuevos recortes o aumentar la deuda del Gobierno vasco.
"El papel lo aguanta todo pero la realidad exige algo más que populismo y demagogia", ha afirmado Llanos.
El socialista Bixen Itxaso, que se ha encargado de defender la ley, ha reconocido que los recursos económicos "son escasos, pero hay que establecer prioridades y el acceso a la vivienda es un derecho básico" como la educación o la sanidad.
Ha rechazado además las críticas al canon a las viviendas vacías o al "alquiler forzoso" porque, "por alarmantes que les parezcan a algunos, son medidas que se adoptan en otros países de Europa".
Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) ha considerado que la ley es "un punto de partida para un cambio de dirección" en las políticas públicas de vivienda y ha pedido al Gobierno vasco que asuma el "liderazgo" en esta materia.
El único parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha censurado las "llamadas al miedo" de nacionalistas y populares, y ha asegurado que la ley es "avanzada, progresista y jurídicamente segura".
Con motivo de la aprobación de la Ley de Vivienda se han concentrado frente al Parlamento de Vitoria los colectivos Stop Desahucios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para mostrar su respaldo al texto y reclamar al Gobierno de Iñigo Urkullu que "la aplique y desarrolle sin más dilaciones".
