Ana Julia Quezada aprovechó la situación personal de sus parejas para obtener beneficio económico

Las familias de las exparejas de Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, informaron a la Guardia Civil de que pudo aprovecharse de las circunstancias personales de los hombres con los que tuvo relaciones en Burgos para obtener beneficio económico.
Así consta en el sumario de la causa seguida por el asesinato del menor en unos informes del Instituto Armado en los que este cuerpo da cuentas al Juzgado de Instrucción número 5 de Almería de las indagaciones sobre la vida de la investigada en Burgos, donde estuvo residiendo durante más de dos décadas.
Según estos documentos, Ana Julia Quezada llegó a España a inicios de los 90 y ejerció la prostitución en un local de alterne de Rubena (Burgos), si bien abandonó esta actividad al conocer a un camionero que se convertiría en su marido, tras lo que pasó a realizar labores de servicio doméstico y en dos carnicerías. El informe señala que residió con este hombre en una vivienda en la que ahora viven su tía y la hija que tuvo con él. Asimismo, recoge cómo en 1995 trajo a España desde la República Dominicana a una hija suya nacida cuatro años antes, y relata la muerte que sufrió la menor durante la madrugada del 10 de marzo de 1996 tras caer por la ventana desde un séptimo piso. 
Sobre este asunto únicamente se indica que la Policía Nacional concluyó que se trató de un accidente provocado por un episodio de sonambulismo de la niña. También añade el informe que en 2009 se divorció (quedándose su expareja con la custodia de la hija que tenían en común) y se casó poco después con un vecino de Burgos 16 años mayor que ella que padecía un alto grado de alcoholismo y que falleció en 2012. 
Más adelante, inició otra relación con un varón que presentaba unas “características personales similares al anterior, un hombre mayor y enfermo” pues padecía un cáncer de garganta. La familia de este hombre aseguró a la Guardia Civil que Quezada habría recibido de él al menos 17.000 euros antes de morir. 
Por otro lado, el juez instructor de la causa penal por el crimen de Gabriel estimó hace una semana que Quezada, quiso “hacer más grave el sufrimiento” de los padres del pequeño con su comportamiento en los 13 días en los que se prolongó su búsqueda, que “sobreactuó fingiendo desmayos” y que se “exhibió de forma pública y notoria de modo compungido y afligido” por la desaparición de un niño “que días antes había matado con sus propias manos”.
“Este comportamiento en modo alguno podía ser real y estaba orientado presuntamente a hacer más grave el sufrimiento de los padres”, sostiene el magistrado Rafael Soriano, para quien Quezada “contribuyó activamente a hacer creer” a su expareja Ángel Cruz y a Patricia Ramírez que “su hijo estaba vivo” según recoge en un auto dictado tras la comparecencia de la procesada en sede judicial el 17 de septiembre. El juez añade, para apuntalar la imputación de los delitos contra la integridad moral, que les “infundió continuos ánimos, manifestándoles que, con seguridad, podría haber sido secuestrado y que pedirían un rescate por su liberación” y colaborando “activamente en la búsqueda”. 
La resolución califica de “colofón de su conducta de desprecio” las expresiones que profirió la procesada al volante del vehículo en cuyo maletero trasladaba el cadáver. “Al subir al vehículo, la investigada dijo, hablando consigo misma ‘¿Dónde lo puedo llevar yo, a algún invernadero?”, así como ‘¿No quieren un pez? les voy a dar un pez por mis cojones’”, dice el magistrado. l