11º-23º
sábado | 20 abril | 2024
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se ha mostrado hoy "razonablemente convencido" de solucionar en próximas fechas el problema derivado de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula el real decreto que regula la concesión de subvenciones a entidades sociales de ámbito estatal.
El fallo del Alto Tribunal dio la razón a la Generalitat de Cataluña, que interpuso un recurso contra el citado decreto alegando invasión de competencias por parte del Estado en el reparto de fondos a entidades sociales estatales.
Alonso ha asegurado, ante la Asamblea anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que su Departamento, en estrecha colaboración con el tercer sector, está buscando soluciones para que dichas ayudas, de las que dependen tantas organizaciones en España, así como los puestos de trabajo que generan, sigan teniendo circulación.
En su intervención, el titular de Sanidad ha abogado por "fortalecer el espacio de protagonismo" del tercer sector de acción social, por su relevancia para la vertebración de España y para la articulación de mecanismos comunes de solidaridad, según una nota del Ministerio.
Alonso ha elogiado, en presencia del presidente del Cermi, Luis Cayo, la capacidad de esta organización, y del tercer sector de acción social para construir un discurso común, a escala nacional, sobre la solidaridad.
Esto, según el ministro, es una muestra del potencial como eje vertebrador de país que tienen las entidades que, como el Cermi, se dedican a favorecer la integración de personas con discapacidad o de familias con pocos recursos, entre otros sectores de la población.
Alonso ha resaltado la importancia que tiene el tercer sector como interlocutor de las administraciones para desarrollar políticas sociales, uno de los elementos de la ley del Tercer Sector de Acción Social que en estos momentos está en tramitación parlamentaria.
"Esta Ley es una iniciativa vuestra", ha indicado Alonso en alusión a las asociaciones asistentes a la asamblea y antes de subrayar el carácter esencial del diálogo entre las administraciones y el tercer sector, así como la conveniencia de que ambas partes sean copartícipes de la planificación social del país.
