Adicae denuncia que 5.300 familias gallegas están en riesgo de perder su vivienda

La asociación Adicae denuncia que unas 5.300 familias gallegas están en riesgo de perder su vivienda y de posterior expulsión del domicilio.
Adicae, que maneja en un comunicado datos del Poder Judicial sobre demandas presentadas por la banca en Galicia, reitera la demanda de aprobar una moratoria que ponga freno a los procesos de ejecución hipotecaria, permita la entrada en vigor de una legislación justa y en sintonía con la normativa europea y garantice su aplicación al mayor número de afectados.
Tras señalar que “cada vez más familias entran en impago como consecuencia directa de las abusivas cláusulas suelo”, la asociación señala que mantiene sus demandas colectivas ante este tipo de condiciones, por lo que reclama “su nulidad y la devolución del dinero” y recuerda que, hasta el momento ya han ganado cuatro demandas.

Exige una moratoria que ponga freno a los procesos de ejecución hipotecaria

La asociación destacó que “junto al drama de los desahucios requiere atención urgente el gravísimo problema de las ejecuciones hipotecarias, que siguen aumentando”, además de las “500.000 familias que se encuentran en una situación límite”. La mayor parte, “mantendrá de por vida una deuda con el banco que difícilmente podrán saldar”.
Además, apuntó que en 2012 se recibieron en los juzgados de Galicia 1.801 lanzamientos, “un dato engañoso, ya que no incluye los procesos reabiertos”.

propuesta del PP
Por otra parte, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, afirmó ayer que van a presentar al resto de grupos parlamentarios un texto unificado sobre los proyectos de ley sobre desahucios y dación en pago que recogerá propuestas de todos los partidos.
Martínez Pujalte dijo que su grupo intentará que el nuevo texto tenga “el mayor grado de consenso posible” y “enmiendas de todos los grupos”. “Vemos que puede haber ambiente de llegar a puntos de acuerdo”, dijo.
La elaboración de un solo texto supone integrar la tramitación del proyecto de ley de protección a deudores hipotecarios y la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago y alquiler social, algo ya avanzado por el PP desde hace semanas.