10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El Real Decreto Ley sobre seguridad digital que ha aprobado hoy el Gobierno en funciones por la vía de urgencia permitirá actuar sobre las páginas de la Generalitat y del independentismo catalán que contravengan esta norma.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que por ejemplo el decreto afectará a Identicat, el proyecto de "identidad digital soberana" que puso en marcha en septiembre la Generalitat y que supone un registro voluntario de ciudadanos catalanes.
También podría afectar a la página Republica.cat, cuyo servidor está situado fuera de la Unión Europea.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, anunciaba esta mañana este decreto, que ha llevado personalmente al Consejo, para frenar los intentos del independentismo de extender lo que se conoce como la "república digital" catalana.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha presentado este real-decreto de medidas urgentes por razones de seguridad en materia de Administración Electrónica, contratación de las Administraciones Públicas y Telecomunicaciones.
La norma tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.
Calvo ha justificado la urgencia de la norma porque, según ha reconocido, "ya hay situaciones" que "preocupan" al Gobierno en materia de seguridad digital y "hay que reaccionar cuanto antes mejor".
La vicepresidenta del Gobierno en funciones no ha querido responder explícitamente a las preguntas sobre si tiene ya el Gobierno localizadas páginas web o vulneraciones en las redes que afecten al soberanismo catalán, pero fuentes del Ejecutivo sí han admitido que tienen conocimiento de que hay páginas de la Generalitat con servidores en "paraísos digitales".
La nueva norma, precisamente, obligará a todas las administraciones a contratar sus servidores dentro de la UE para que se pueda tener un control de la información digital.
"No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea. Tenemos que conocer desde dónde sale la información, quiénes la manejan, con qué fines y por qué", ha dicho la vicepresidenta.
El decreto entrará en vigor el próximo martes, en medio de la campaña electoral y cuando persiste la tensión en Cataluña tras la sentencia del "procés".
Calvo ha asegurado que el Gobierno llevaba trabajando meses en esta norma, aunque ahora la apruebe de forma urgente, y ha insistido en defender que se haga en estos momentos porque el Gobierno "tiene que reaccionar" cuando tiene conocimiento de determinadas situaciones.
La número dos del Ejecutivo ha explicado que el decreto reconoce el DNI como la única identificación válida -exclusivo y excluyente, dice el decreto- para los españoles en el ámbito digital.
También obliga a que los servidores de las administraciones públicas estén en la UE y a que haya una garantía de acceso a los datos y la contratación pública de todas ellas.
Calvo ha defendido que la norma busca, en definitiva, garantizar la seguridad en el ámbito digital e "identificar cada vez más y mejor" las "ciberamenazas".
El capítulo primero de este decreto contempla las medidas para la identificación a través del DNI y el segundo regula las medidas en materia de identificación electrónica entre las Administraciones públicas, la ubicación de sus bases de datos y los datos que cede otras administraciones.
El objetivo, señala el Gobierno en la nota que ha facilitado, es garantizar la seguridad tanto vertical entre administraciones cuando traten datos personales como a nivel horizontal entre ciudadanos y administraciones.
El capítulo tres regula medidas en materia de contratación pública, todas ellas para reforzar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
El Gobierno explica en este sentido que los contratistas del sector público manejan en ocasiones muchos datos personales "cuyo uso inadecuado puede plantear riesgos para la seguridad pública".
El Ejecutivo subraya de este decreto que respeta los límites constitucionales, y su aprobación urgente cuando el Gobierno está en funciones es "congruente" con lo que exige la ley al respecto.
Defiende asimismo que las medidas aprobadas son "adecuadas y proporcionadas" y permiten además "mejoras sustanciales en el ámbito de la administración electrónica, la contratación pública y las telecomunicaciones".
