El ejemplo de X. Albiol
Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y la gestión de los muchos y complejos servicios municipales dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una exigencia determinante en las elecciones locales.
Los electores ponen deberes a sus gobernantes exigiéndoles que funcionen los servicios públicos de siempre -abastecimiento, alumbrado, tráfico, reactivación de la economía, agilidad en la atención al ciudadano…-, y les exigen también que hagan frente a problemas nuevos que aparecen como consecuencia de la dinámica evolutiva de una sociedad compleja.
Entre esos problemas sobresale la delincuencia en mayor o menor grado, según las poblaciones, y la okupación de viviendas que ya venía creciendo en toda España e irá a más con la nueva Ley de Vivienda que apoya a los inquilinos frente a los propietarios, dificulta los desahucios según FEDEA, los expertos dicen que crea inseguridad jurídica y producirá el efecto contrario al pretendido.
Quede claro que corresponde al Estado buscar acomodo habitacional a las familias que, por circunstancias sobrevenidas, no pueden pagar los alquileres o tienen dificultades para financiar sus hipotecas. Las ayudas puntuales y la política de promoción pública de viviendas son parte de la solución y de eso deberán encargarse los gobiernos. Pero esos mismos gobiernos, incluidos los municipales, también tienen que proteger a las víctimas de la okupación de viviendas con los medios a su alcance.
Esto es lo que prometió hacer Xavier Albiol en Badalona que detectó que ese era uno de los problemas de la ciudad y meses antes de la campaña electoral prometió la creación de una concejalía contra esta forma de delincuencia. “La tolerancia, incluso de simpatía, llevada a cabo por algunas fuerzas políticas han agravado y expandido el problema”, decía en setiembre del año pasado. La Ley tiene que cambiar, añadía, pero mientras no lo haga, “los ayuntamientos debemos luchar contra esta problemática, no hay excusas”. Por eso, prometió asesoramiento administrativo y jurídico a los propietarios afectados por esa ilegalidad y la elaboración de una ordenanza municipal con multas de hasta 30.000 euros a quienes permitan o promuevan la okupación.
Albiol, desalojado antes de la alcaldía por una moción de censura, obtuvo el 28 de mayo una mayoría absoluta con un discurso integrador y transversal, que trasciende la ideología de su partido. “Me votaron personas muy alejadas ideológicamente del PP, incluidos independentistas”, señala, porque ofreció cercanía, eficacia y realismo en el tratamiento de los problemas y necesidades del ciudadano.
Tomen nota los nuevos alcaldes gallegos porque la okupación también es un problema en nuestra Galicia.