La ONU exige protección para médicos y hospitales en los lugares de conflicto

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer por unanimidad una resolución que pide respeto para las instalaciones y el personal médico en conflictos armados y llamó a todos los estados a colaborar para evitar la “impunidad”, toda vez que el ataque deliberado contra este tipo de objetivos constituye un crimen de guerra.
La resolución, promovida por España, Egipto, Japón, Nueva Zelanda y Uruguay, recibió el visto bueno de los 15 estados miembro del Consejo cinco días después de que un hospital de Alepo (Siria) fuese destruido por un ataque aéreo. Según la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), medio centenar de personas perdieron la vida.
El texto aprobado ayer recuerda que las convenciones internacionales y las resoluciones previas de la ONU prohíben expresamente las presiones y ataques contra trabajadores, equipos e instalaciones destinadas a la asistencia médica. En este sentido, apunta que todas las partes implicadas en un conflicto deben “respetar los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia para la entrega de asistencia humanitaria, también la médica”.
El Derecho Internacional obliga a “distinguir” entre combatientes y civiles y, en el caso de los ataques contra objetivos médicos, estos terminan por tener “consecuencias a largo plazo” para la población. 
Muchas de las víctimas directas, añade el texto, son trabajadores locales que intentan ayudar a sus compatriotas.
La resolución no cita ningún caso concreto, pero sí recoge que los ataques contra instalaciones y personal médico “están aumentando”. Los 15 países del Consejo expresan su “preocupación” por esta tendencia, ajena a las “obligaciones” que deberían respetar las partes implicadas en un conflicto.
El principal órgano ejecutivo de la ONU recuerda que, si se trata de un ataque “intencionado”, constituye un crimen de guerra, y pide a todos los estados miembro de Naciones Unidas que colaboren para evitar la “impunidad”, bien sea con investigaciones independientes, imparciales y efectivas o colaborando con la justicia internacional.
El texto emplaza al secretario general, Ban Ki Moon, a incluir en sus informes la protección del personal humanitario y a informar cada doce meses al Consejo del cumplimiento de la resolución que se ha adoptado este martes. Asimismo, los firmantes piden a Ban “recomendaciones” para impedir nuevos incidentes y garantizar la rendición de cuentas. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, planteó en un discurso una serie de recomendaciones que pide tener en cuenta: adaptar las leyes nacionales a las internacionales, entrenar al personal militar, apoyar a las organizaciones de ayuda y mejorar la protección legal de pacientes y trabajadores. “Después de la indignación, debe venir la acción”, dijo.
La presidenta de MSF, Joanne Liu, lamentó que atacar instalaciones médicas se hayan convertido en “rutina”. “Estamos ante un callejón sin salida” en el que “los hospitales y los pacientes han sido arrastrados al campo de batalla”, afirmó Liu ante el Consejo de Seguridad. “Los ataques a comunidades y los ataques precisos a los centros de salud se describen como errores, se niega la evidencia o, simplemente, la noticia se recibe en silencio. En realidad, son ataques indiscriminados y desproporcionados contra poblaciones civiles en entornos urbanos y, en el peor de los casos, puros actos de terrorismos”, criticó.
Liu recordó que todo médico se compromete al iniciar la profesión a “tratar a todas las personas”, independientemente de su origen o “de qué lado luchan”. Por este motivo, insistió en que el personal actúa desde una posición de “neutralidad”.