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sábado | 20 abril | 2024
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha revuelto, de nuevo, contra la decisión de un juez federal (esta vez de Hawai) de paralizar su segundo veto migratorio, el que maquillaron para intentar pasar el corte anticonstitucional y que se aprobó el pasado 6 de este mes.
De nada ha valido que se eliminara a Irak de la lista de países cuyos ciudadanos tenían vetada la entrada en Estados Unidos, o que se excluyera de la prohibición a los que tenían concedido un visado y permiso legal de residencia. Las razones por las que el veto ha sido objeto de recurso son las mismas que las del anterior que suspendió un juez federal de Seatle: la discriminación religiosa.
La decisión del juez Derrick Watson llegaba horas antes de que la orden ejecutiva revisada entrara en vigor, por lo que los aeropuertos del país no registraron en esta ocasión ningún impacto ni contratiempo. Ayer se sumó a Watson el juez federal de Maryland Theodore Chuang.
No obstante, queda pendiente otra cita en los tribunales. Esta vez en el estado de Washington, donde el juez James Robart ya paralizó la primera orden migratoria de Trump, y que debe responder a la demanda interpuesta por el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, quien afirmó que el veto “daña” a los habitantes de su estado. Para Trump, no obstante, la decisión del juez supone una “extralimitación judicial sin precedentes” y aseguró que llevará el caso ante el Tribunal Supremo. La batalla judicial promete ser épica y el presidente está decidido a luchar hasta el final. Advierte incluso con implementar la primera orden migratoria, más dura y excluyente que la segunda.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo ayer que el equipo de Trump prevé recurrir las sentencias de dos jueces federales que han suspendido la ejecución del segundo veto migratorio del mandatario.
Por otro lado, Donald Trump ha remitido al Congreso una carta en la que solicita la asignación de una partida de 30.000 millones de dólares (unos 28.000 millones de euros) para el Pentágono, destinada a “reconstruir” las Fuerzas Armadas y “acelerar la campaña para derrotar a Estado Islámico”, así como 3.000 millones de dólares (2.800 millones de euros) para construir el muro en la frontera con México y para otras inversiones esenciales en control de fronteras.
