11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó ayer a la justicia que se impute a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la causa que investiga la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman por presunto encubrimiento de supuestos terroristas iraníes.
Pollicita solicita también al juez Daniel Rafecas, encargado de la causa, que se impute al canciller argentino, Héctor Timerman, y a varios dirigentes oficialistas. Tras la petición de imputación de Pollicita, Rafecas, que tenía previsto concluir sus vacaciones el día 22 de este mes, las ha acortado y volverá a sus funciones el próximo miércoles.
El fiscal se basa en las acusaciones realizadas por su fallecido colega Nisman en la demanda presentada cuatro días antes de su muerte, ocurrida el pasado 18 de enero por un tiro en la sien, en circunstancias aún no aclaradas.
En su demanda, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutua judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta, al canciller y a varios dirigentes vinculados al oficialismo de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar las relaciones comerciales.
Pollicita acusa a la presidenta y sus colaboradores de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente”, en referencia al atentado, y “por la calidad de funcionarios públicos”. Además del encubrimiento, Pollicita también cree que las acciones del Gobierno “podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Por su parte, horas antes de la petición del fiscal, el Gobierno argentino presentó ante la justicia pruebas y antecedentes “jurídicamente relevantes” para rebatir la denuncia de Nisman contra la presidenta y varios de sus colaboradores.
Las pruebas aportadas incluyen documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre el intercambio comercial, entre otras cosas.
Desde el Gobierno argentino sostienen que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario”, que fundamente las acusaciones realizadas por el fallecido Nisman.
