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sábado | 20 abril | 2024
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cifró ayer en ocho personas muertas y en 137 las heridas en hechos relacionados con las protestas que vive el país desde el pasado 12 de febrero.
En su programa en la emisora Unión Radio, Ortega señaló que durante la jornada de ayer 80 personas serán puestas a disposición judicial y que los tribunales ya han dictado orden de prisión contra otras 24 personas.
La fiscal también aseguró que se produjeron daños a las sedes de organismos públicos y privados, así como ataques a estaciones de metro, comercios y sedes bancarias, vehículos de la Policía y a las sedes de los gobernadores de los estados de Táchira, en el oeste, y de Aragua, en el centro.
violado con un fusil
Sobre una denuncia de un joven de Valencia que aseguró que había sido “violado con un fusil”, la fiscal señaló que se le hizo un reconocimiento forense: “Cuando se le practicó el examen él no dijo nada sobre el fusil, luego que el médico lo ausculta tampoco habló sobre esta circunstancia, el resultado del reconocimiento legal habla de contusión leve”, dijo Ortega.
Según ella, el joven está siendo sometido a exámenes médicos para determinar el supuesto abuso: “La fiscal encargada está hablando con todos los testigos, así como personal médico y de funcionarios que participaron en el acto para determinar la certeza o la falsedad de esta información”.
Por su partel el ministro de Interior venezolano, Miguel Rodríguez, afirmó que el estado Táchira se encuentra en calma y que los efectivos militares recogieron 180 toneladas de escombros metálicos.
“Estamos ya llevando al orden a este importante estado del país al que todos queremos y al que todos deseamos que llegue otra vez la cordialidad”, indicó el titular de Interior a periodistas tras reunirse con los alcaldes tachirenses en San Cristóbal, capital de esta región.
Los protestas y actos vandálicos que sufre Venezuela desde hace varios días en contra de las políticas del Ejecutivo han sido especialmente fuertes en este estado fronterizo con Colombia, lo que llevó al presidente Nicolás Maduro a decir que estaba dispuesto a declarar el “estado de excepción” en esta zona del país.
las tácticas habituales
Mientras, la organización Human Rights Watch (HRW) condenó hoy los “excesos” contra los manifestantes y la “censura” y amenazas a los medios de comunicación.
“El Gobierno ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”, dijo ayer el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
HRW, que hace días ya llamó al Gobierno venezolano a respetar la libertad de expresión y de reunión, acusó a las autoridades del país de cometer “golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas” desde el pasado 12 de febrero.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos negó haber amenazado al Gobierno de Venezuela con represalias si se arrestaba al líder opositor Leopoldo López, cuya detención, alertó, puede tener un “efecto intimidador” en toda la oposición venezolana.
La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, anunció además que los tres diplomáticos estadounidenses expulsados de Venezuela se encuentran en Washington.
