Erdogan gobernará por decreto y sin garantías sobre los derechos humanos

El Gobierno turco inició una campaña para prometer tanto a sus ciudadanos como a la comunidad internacional que el estado de emergencia que entró en vigor ayer, el primero desde la década de los ochenta, no significará la vuelta a una represión masiva que muchos dan ya por superada.
El presidente, Recep Tayyip Erdogan, explicó que el estado de emergencia durará al menos tres meses y permitirá al Gobierno responder con agilidad y contundencia a quienes lanzaron un fallido golpe de Estado. Desde el pasado viernes, alrededor de 60.000 de personas fueron detenidas o cesadas por su supuesta vinculación en esta asonada.

EVITAR OTRO LEVANTAMIENTO
El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, argumentó ante el Parlamento que el objetivo del estado de emergencia es únicamente evitar un segundo golpe militar y aseguró que los ciudadanos de a pie no notarán ningún cambio en sus vidas, al igual que tampoco se verían afectadas la economía o las inversiones.
El viceprimer ministro Mehmet Simsek apareció en televisión y escribió en Twitter para aclarar que “el estado de emergencia no incluirá restricciones de movimiento, reunión y libertad de prensa”, entre otros derechos”. “No es la ley marcial”, subrayó, en alusión a una medida que trae recuerdos de persecución y abusos a una buena parte de la sociedad turca.
Simsek, con experiencia en Wall Street, espera que Turquía se convierta ahora en “una democracia mucho más fuerte” y logre fortalecer su “economía de mercado” y el “clima inversor”.
El también viceprimer ministro Numan Kurtulmus confirmó en declaraciones a la cadena NTV que la declaración formal del estado de emergencia conlleva también la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos, tal como hizo Francia tras decretar una medida similar tras los atentados de noviembre en París.
Kurtulmus, no obstante, señaló que la situación podría volver a la normalidad en un mes o mes y medio, menos de lo vaticinado por Erdogan.

deriva autoritaria
La competencia del Poder Ejecutivo para ignorar al Parlamento cobra especial relevancia en este contexto, después de que Erdogan propusiese restaurar la pena de muerte para aplicarla incluso con carácter retroactivo a los supuestos golpistas .
El mismo Erdogan dijo en una entrevista con Al Yazira que, dado que Turquía es un sistema parlamentario, en circunstancias normales la decisión de recuperar la pena capital es exclusiva de la sede legislativa y sus poderes presidenciales se limitan a ratificar lo que ésta envíe.
Ante la inquietud internacional por la deriva de las autoridades turcas tras la asonada militar, Erdogan hizo hincapié en que el estado de emergencia es una medida prevista por la Constitución turca para situaciones extraordinarias como la que vive Turquía desde el pasado viernes.
El alegato del Gobierno turco generó no pocas dudas entre la comunidad internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, expresó su “seria alarma” por la purga masiva de funcionarios públicos y reclamó una investigación independiente. En este sentido, un diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Sezgin Tanrikulu, advirtió de una mayor deriva autoritaria por parte de Erdogan: “Una vez que obtienes este mandato, creas una forma de legislar que allana el camino para los abusos”. En este sentido, recordó que podría haber optado por “métodos más contenidos” para enfrentarse a la supuesta conspiración que denuncia Erdogan.