La jueza De Lara investiga al concejal Miguel Lorenzo por presunto tráfico de influencias

La operación “Pokémon” abre un nuevo capítulo en A Coruña con la investigación por presunto tráfico de influencias del concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo.
La instructora del caso, Pilar de Lara remitió una providencia en la que solicitaba la búsqueda de datos sobre el edil en relación a la presunta comisión de este delito. Las sospechas de la jueza derivan de los informes sobre diversos asuntos aparecidos en el sumario de la operación que ahora se convierten en diligencias. Ya en diciembre se había abierto un atestado para investigar alguna irregularidad por parte del concejal, pero este no fue siquiera llamado a declarar. Ese informe se ha ampliado para retomar las pesquisas, pero sin reclamar por el momento la declaración del edil.
El nombre de Miguel Lorenzo ha aparecido en varias ocasiones en los tomos de la causa, como receptor de regalos de Navidad por parte de la empresa Vendex, en torno a la que gira la trama de corrupción que estudia la magistrada, y como uno de los miembros de la corporación municipal que pidió un puesto de trabajo para un conocido al responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor.
Precisamente, el concejal de Servicios Sociales había realizado una defensa pública de su compañero de gobierno Julio Flores ante las acusaciones de que este había pedido trabajo para otros a los responsables de la empresa corrupta. Como abogado, Lorenzo afirmó en aquella ocasión que, desde el punto de vista del “código penal”, pedir trabajo para otra persona “no es delito”. Y aseguró que, tras la lectura del sumario, por el contenido del mismo, “no se puede deducir” la existencia de “ninguna conducta delictiva ni reprochable”. Explicó entonces que “no entiende” cómo los agentes de Vigilancia Aduanera llegaron a las conclusiones que reflejan en el sumario a partir de unas conversaciones telefónicas. “Conozco a todos compañeros y sé que ninguno ha cometido delito”, insistió el concejal que, recordó que “en derecho penal rige la presunción inocencia”, y para condenar “hacen falta pruebas de cargo y hechos delictivos”.
Con respecto a su propio caso,  Lorenzo negó en varias ocasiones haber pedido trabajo alguno a los responsables de Vendex, asegurando que si algún conocido suyo había logrado un puesto en las empresas del grupo no había sido por su mediación.
Del mismo modo, aclaró que nunca aceptó regalos de la empresa investigada y que su relación con Tutor fue siempre transparente.