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viernes | 26 abril | 2024
El Gobierno gallego remitirá al Parlamento un proyecto de ley de garantía de abastecimiento de agua, que autorizará a los ayuntamientos a realizar expropiaciones de terrenos u otras infraestructuras necesarias para cometer obras “de urgencia y de emergencia” en períodos de sequía.
Tal y como explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la comparecencia posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, esta norma tendrá tres objetivos: “Asegurar el suministro en cantidad y calidad, proteger la salud pública y reducir la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento”.
La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, quien también compareció en la rueda de prensa, explicó que esta autorización para expropiar será para obras con carácter “de urgencia” y con el objetivo de “acortar muchísimo los tiempos” en grandes actuaciones, “posiblemente en zonas de más riesgo”.
Plan de emergencias
Así, la ley obligará a los municipios de más de 20.000 habitantes a adoptar, en un período de dos años, un plan de emergencias ante la sequía que vaya “más allá” del establecido a nivel nacional, tal y como aseveró Feijóo. Ethel Vázquez indicó que esta medida será “recomendable” para aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes. De igual modo, y al amparo de esta norma, la Xunta deberá “revisar anualmente” su hoja de ruta en caso de sequía “y adaptarla cada seis años” en caso de ser necesario, concretó la conselleira.
Paralelo a ello, Feijóo advirtió de que el estado actual de las redes de abastecimiento en Galicia provoca que se pierda “muchísima agua”, en torno al 40%, según aseguró. Por ello, esta nueva ley dará a los ayuntamientos dos años para realizar auditorías y otro año para adoptar medidas que reduzcan estas pérdidas por debajo del 20 por ciento.
“Las pérdidas superiores al 20% serán penalizadas por un gravamen disuasorio”, dijo Ethel Vázquez, quien también aclaró que la cuantía de la multa será destinada a renovar, precisamente, la red de abastecimiento. No en vano, será “imprescindible” que los gobiernos locales o las entidades titulares del sistema instalen caudalímetros homologados tanto en los puntos de captación del agua como en los de suministración final, para cuantificar las pérdidas que se produzcan.
Además, el Gobierno gallego acordó ayer ofrecer contratos de continuidad de uno a tres años de duración a los enfermeros, tanto en hospitales como en Atención Primaria, que todavía no dispongan de una plaza por oposición en el Sergas.
Feijóo explicó que se trata de “extender” a los profesionales de Enfermería una modalidad contractual ya disponible para pediatras y médicos de familia, de los cuales se han beneficiado unas 30 personas. Precisó que este contrato será “una opción”, puesto que los enfermeros “pueden seguir” en el sistema de listas temporales, en el que los profesionales firman un número “excesivo” de contratos que ahora el Sergas intentará reducir.
Por otro lado, Feijóo informó de que un total de 10.375 empleados públicos de la Administración autonómica han pedido acceder al sistema de carrera profesional. Se trata de una cifra provisional, ya que hay de plazo hasta el 29 de este mes para solicitarla.
El presidente de la Xunta recordó que este sistema cuenta con dos grados de aplicación: uno ordinario, para nuevos funcionarios y los que tengan menos de cinco años de antigüedad; y otro extraordinario, para los que lleven más de cinco años. En función de esta escala, los trabajadores podrán percibir de forma progresiva una cuantía anual que oscilará entre los 761 euros, en la categoría de menor nivel, y los 2.460, en la categoría A1.
En cualquier caso, la carrera profesional está siendo objeto de negociación entre la Xunta y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, paso previo a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado.
