La Xunta inicia los trámites para poner en marcha la “primera” ley de rehabilitación

La Xunta inicia los trámites para poner en marcha la “primera” ley de rehabilitación
Feijóo charla con Ethel Vázquez al inicio del Consello | lavandeira jr. (efe)

El Gobierno gallego dio ayer el visto bueno al inicio de la tramitación de la futura ley de rehabilitación, “la primera” de Galicia, que pasa ahora a exposición pública para recibir alegaciones.
Con esta ley la Xunta pretende avanzar en la puesta en valor de los cascos históricos declarados BIC y los núcleos rurales degradados para reactivarlos económica y socialmente, facilitando la recuperación de unas 100.00 viviendas, comentó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello. El titular de la Xunta presentó los principales puntos de esta nueva norma junto a la conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

Núñez Feijóo destacó que se trata de la primera ley autonómica sobre esta materia y que permitirá realizar actuaciones que hasta ahora no se podía. De este modo ahonda en la “eliminación de trabas burocráticas”, pretende revitalizar las zonas degradadas en especial en las áreas Rexurbe, una nueva figura que tendrá que ser declarada por la Xunta, y dispone, además, de nuevos modelos y mecanismos de financiación para hacer frente a las inversiones.
Según Feijóo, la norma tiene que ser enviada al Parlamento en el primer semestre del próximo año, por lo que confió en que “hay tiempo” para escuchar a los gallegos y mejorar si es posible el texto. “Facilita la recuperación del patrimonio, evita el abandono, favorece que los lugares de rehabilitación se conviertan en lugares dinámicos, a los que vuelvan la población y la actividad económica”, resumió el jefe del Ejecutivo gallego, que calculó que con esta ley se podrá actuar sobre “cien mil viviendas”.

Retos
“El reto de Galicia no es tanto incrementar el parque de viviendas nuevas sino poner en valor las construidas, sobre todo con calidad”, incidió.
Una de las novedades que incluye la ley es la declaración de Área Rexurbe, una figura que tendrá que ser aprobada por el Consello de la Xunta. Esta figura permitirá, entre otras posibilidades, que la Xunta actúe como promotor, intervenir directamente.
En estas áreas el Gobierno podrá expropiar edificios en ruinas o con incumplimientos flagrantes de las normas de conservación, en cuyo caso el inmueble perderá un 50% de su valor para evitar especulación; aplicar un canon a los incumplidores que se destinará a la rehabilitación del área y que tendrá hasta un 90% de bonificación según las condiciones económicas de los propietarios.
También se podrán ahorrar plazos, entre un 40-50 por ciento, en modificaciones puntuales no sustanciales del planeamiento urbanístico.

La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, explicó que su departamento ha partido de la máxima que señala que “no hay mayor desprotección que no darle uso” a un inmueble a la hora de afrontar esta nueva normativa que persigue hacer de estas zonas un lugar “mejor para vivir, trabajar y visitar”.
Los “pilares” de la futura ley persiguen “eliminar trabas, dar facilidades administrativas; mejora la planificación, la coordinación entre administraciones y la financiación” de las iniciativas.
La reducción de plazos para la concesión de permisos se aplicará a los inmuebles con una superficie que no supere los 10.000 metros cuadrados y siempre y cuando no implique una modificación de la clasificación del suelo. En el apartado de planificación y coordinación entre administraciones, la conselleira destacó la creación de las áreas Rexurbe, que serán declaradas de interés autonómico por el Consello.
Se trata de “espacios urbanos con un alto nivel de deterioro arquitectónico, demográfico, económico y social”, especialmente en cascos históricos, sobre todo los declarados BIC, y en núcleos rurales. Y dentro de las áreas Rexurbe se establecerán zonas ZER, que facilitarán la instalación de equipamientos y en los que se prevén expropiaciones y la declaración de utilidad pública para una urgente ocupación. Vázquez ha señalado que hay 26 zonas declaradas BIC y la Xunta estima que es preciso actuar en unas 16 para frenar su deterioro.

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