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jueves | 18 abril | 2024
La Xunta, a través de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, ha concedido en los últimos dos años 420 bonos de alquiler social y ha adjudicado a familias en riesgo de exclusión 160 viviendas en el marco de las medidas para enfrentar la problemática de los deshaucios. El programa de Bono de Alugueiro Social cuenta con un presupuesto de cinco millones de euros que serán destinados a ayudas que se concederán a lo largo de los próximos tres años.
Se trata de una de las doce medidas adoptadas por la Xunta para “hacer frente a los desahucios y en defensa del derecho a la vivienda”, y consiste en ayudas mensuales de hasta 200 euros por un plazo máximo de tres años para el pago del alquiler.
Ayuda de 600 euros
Además, el programa de Bono de Alugueiro Social también contempla una “ayuda única” de 600 euros para afrontar los gastos derivados de la formalización de un nuevo contrato de arrendamiento o para el pago de deudas. Este año han sido incorporados dos nuevos colectivos que pueden beneficiarse de estas ayudas: los arrendatarios de viviendas de promoción pública de la Xunta cuya vigencia del contrato terminase después de la entrada en vigor de esta orden y las personas en situación de emergencia social que no alcancen los ingresos necesarios para el acceso al Programa de Vivendas Baleiras, que pueden ser propuestas para la adjudicación de una vivienda en dicho programa.
Estos se suman a los perfiles ya establecidos, como las personas en situaciones de especial dificultad, víctimas de violencia de género o “unidades de convivencia” con problemas para asumir el coste de una vivienda y que hayan sido privados de ella por daños derivados de una circunstancia imprevista (incendios, inundaciones).
Asimismo, desde el año 2015, el Gobierno gallego ha adjudicado de forma directa 160 viviendas a personas en riesgo de exclusión, de las que 108 se corresponden con inmuebles cedidos por la Sareb y por entidades financieras, mientras que el resto pertenecen al parque de viviendas de promoción pública de la Xunta.
Y es que, el Ejecutivo autonómico, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dispone de un parque público de en torno a 3.100 viviendas en alquiler.
